asta ahora, era clara la desventaja operativa y política de la Secretaría de Marina (Semar) frente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El general Luis Cresencio Sandoval González parecía acaparar todos los encargos importantes de la Presidencia de la República: compras, construcciones, control de migrantes y negocios expresamente asignados al verde olivo. Además, desde luego, de la Guardia Nacional, que es una clamorosa prolongación de la Defensa Nacional. Así como el canciller Marcelo Ebrard ha expandido su radio de acción a áreas distintas de las diplomáticas, el titular de la Sedena ha sido facultado para hacerse de áreas de trabajo que de manera natural deberían corresponder a los civiles.

En contraste, el almirante José Rafael Ojeda Durán no ha contado con la atención ni las comisiones delicadas que en los dos sexenios anteriores habían caracterizado a los marinos mexicanos, sobre todo en su relación directa con los órganos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos.

Sin embargo, ayer el Presidente de México anunció que la Marina se encargará de limpiar la corrupción en los puertos del país. Es decir, que se militariza la operación y control de esos puntos marítimos donde largamente se han enseñoreado el crimen organizado y los negocios empresariales burladores de reglas y pagos adecuados. En su conferencia mañanera, el mandatario dijo que en los puertos se seguiría la estrategia aplicada a migración y aduanas. No fue un buen punto de referencia: en aduanas no se ha podido reducir la corrupción y el envío de Horacio Duarte, un cuadro electoral (aspirante a gobernar el estado de México), a encargarse de ese nudo oscuro, no garantiza cambios más allá del discurso. Y, en migración, el giro lamentable de la tradicional política mexicana, para acatar las indicaciones de Donald Trump, constituye uno de los puntos negativos de la actual administración federal.

El presidente de la República, sin embargo, apuesta a las prendas personales que adjudica al almirante secretario, honesto e incorruptible. Por lo pronto, pierde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ámbito civil formalmente a cargo de Javier Jiménez Espriú, y gana el poder militar, ya no en la vertiente de los soldados, sino de los marinos.

En otro tema: extinguir el “Fondo de Inversión y Estímulos al Cine" (Fidecine) equivaldría a matar el cine mexicano, dijo ayer de manera tajante Mónica Lozano, productora y presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Nos convertiría en maquiladores de cine de otras nacionalidades o contenidos, aseguró. Por su parte, Inna Payán, directiva de la Asociación Mexicana de Productores Independientes, consideró que México perdería parte de su identidad, entendiendo el cine como eje vertebrador de una sociedad democrática (declaraciones disponibles en YouTube: https://bit.ly/3cVZiy3).

Las voces de Lozano y Payán forman parte de la viva reacción que en el gremio cinematográfico generó la pretensión de legisladores morenistas de eliminar el último fideicomiso de apoyo a este tipo de creación artística que quedaba, luego de que el pasado 2 de abril se había decretado la liquidación de otro fondo de ayuda. Guillotinar el Fidecine dejaría en una situación totalmente indefensa los proyectos nacionales, de por sí avasallados por producciones extranjeras, sobre todo estadunidenses, que tienen privilegios exagerados de exhibición en pantallas.

Anoche, a la hora de cerrar esta columna, estaba programada una reunión de trabajo entre representantes de la comunidad cinematográfica con diputados federales y directivos de la secretaría federal de Cultura. El tema del cine está en la propuesta morenista de recorte a 44 fideicomisos, entre los cuales se incluye también el relacionado con la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, aunque en este caso se ofrece una gelatinosa posibilidad de que la Secretaría de Gobernación maneje un fondo especial destinado a estos menesteres. ¡Hasta el próximo lunes!

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