Madrid. España vivirá en estado de alarma al menos 15 días más, es decir, hasta el 7 de junio, día en que concluye la quinta prórroga de esta medida de excepción que tiene como propósito luchar contra la pandemia de Covid-19.

El presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, logró el respaldo de los dos institutos políticos que forman la coalición de gobierno: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), con el respaldo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Ciudadanos y Coalición Canaria (CC) para aprobar la prolongación de la medida.

Con el fin de luchar contra la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, que en España ha provocado la muerte de 27 mil 888 personas y más de 232 mil infectadas, de las cuales casi 55 mil son personal sanitario, el presidente Sánchez pidió autorización al Congreso de los Diputados para prolongar el estado de alarma, que según la ley debe renovarse cada 15 días.

La primera prórroga logró el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios. Sin embargo, tras las sucesivas solicitudes aumentaron también las críticas a la gestión de Pedro Sánchez y se perdieron apoyos que debían mantenerse unidos para afrontar la crisis.

En la quinta solicitud para mantener el estado de alarma, que según el gobierno es la única manera de limitar en todo el territorio los derechos al libre movimiento y de circulación, la coalición de Sánchez vio fracturarse la unidad de los partidos de izquierda, con duras críticas de Esquerra Republicana de Catalunya y del valenciano Compromis, que se sumaron a los partidos que votaron en contra desde el núcleo duro de la derecha, el Partido Popular y Vox, y otras formaciones nacionalistas, como Junts per Catalunya y Candidatura de Unidad Popular.

La autorización fue posible gracias a las negociaciones de última hora con el PNV y Ciudadanos, que ha cambiado su estrategia en semanas recientes al pasar de ser una de las formaciones más críticas del gobierno español a un aliado crucial para sacar adelante sus iniciativas parlamentarias. Sobre todo a raíz del nuevo liderazgo de la formación, que recayó en la política catalana Inés Arrimadas.

Con esta autorización, el gobierno español pretende afrontar las últimas fases de la llamada desescalada hacia la nueva normalidad, antes de devolver las competencias a las comunidades autónomas y los derechos a los ciudadanos, al menos los que les fueron suspendidos en los últimos meses.