La junta general ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer modificaciones a la pauta de radio y televisión para lo que resta del primer semestre del año, a fin de acatar el decreto presidencial que reduce los tiempos fiscales para los concesionarios, en tanto la Suprema Corte de Justicia resuelve de fondo la controversia constitucional que interpuso contra esa decisión.

Lorenzo Córdova, consejero presidente, dijo que el acuerdo presidencial significa la pérdida de 6 mil promocionales diarios, de los cuales 3 mil eran para los partidos políticos.

En sesión virtual de la junta resaltó que esos tiempos son recursos públicos que tenía el Estado y que se han devuelto a particulares por una decisión unilateral.

Señaló que esto fue lo que se impugnó ante la Corte, al destacar que el Presidente de la República no puede unilateralmente modificar, tener o disponer discrecionalmente de los tiempos del Estado. Córdova Vianello recordó que los espacios que se utilizan en campañas electorales no fueron afectados por el decreto, pero sí los que se usan cuando no hay proceso electoral. Estos últimos tienen el propósito de garantizar que otros actores de la sociedad, como las autoridades electorales y las fuerzas políticas, tengan la oportunidad de informar a la ciudadanía.

La junta decidió aprobar de manera preventiva (ad cautelam), las modificaciones de la pauta luego de que la Corte le negó las medidas cautelares solicitadas, es decir, la suspensión de la entrada en vigor del decreto el próximo 15 de mayo. El asunto será analizado en el Consejo General del INE el próximo viernes.

Patricio Ballados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, subrayó que el acuerdo presidencial daña el modelo de comunicación política electoral establecido desde la reforma de 2007.

Dado que se reduce el número de minutos que los concesionarios van a pagar como impuesto, se tendrán que disminuir los minutos correspondientes al Instituto Nacional Electoral que administra a favor de las autoridades electorales y los partidos políticos, expuso.

Por otra parte, la comisión del Registro Federal de Electores (RFE) aprobó ayer un acuerdo para extender al primero de septiembre la vigencia de las credenciales para votar que expiraban en diciembre de 2019.

El director ejecutivo del RFE, René Miranda, informó que hay un millón 171 mil 251 personas que no han podido renovar su mica y actualmente están imposibilitadas para hacerlo, debido a que los módulos de atención ciudadana están cerrados.

El consejero Jaime Rivera señaló que con este acuerdo las personas podrán seguir utilizando las tarjetas para fines de identificación.