La muerte por Covid-19 de Rodolfo Cruz, el pasado 27 de abril, ha puesto al desnudo una serie de abusos contra trabajadores de dos call center ligados al Grupo Salinas, donde las escasas medidas de protección tomadas y la negativa a detener actividades causaron un brote de coronavirus entre su personal, con al menos una docena de infectados y muchos más en sospecha.

La Jornada logró hablar con una veintena de empleados de Staff E&A y Grupo Nach, empresas de outsourcing que llevan los servicios de atención al cliente vía telefónica para Banco Azteca, Elektra y Total Play, todas propiedad de Ricardo Salinas Pliego, quien se ha negado a detener la operación de sus negocios.

Los testimonios dan cuenta de una serie de abusos contra el personal, como jornadas laborales en las que apenas les dan 20 minutos para comer y 10 más de descanso –incluido el tiempo en el sanitario–, constantes cambios de razón social en los contratos, bajos salarios y amenazas de despido. Sin embargo, el límite llegó con la negativa para suspender actividades en medio de la crisis sanitaria.

Esto, señalaron, provocó que varias personas que laboraban en las oficinas ubicadas en el edificio de la calle Rascarrabias número 911, colonia Vértiz Narvarte, se infectaran, Rodolfo entre ellos, quien pese a presentar algunos síntomas, continuó asistiendo para no perder el bono extra de productividad.

Las denuncias públicas tras su fallecimiento llevaron a que la semana pasada autoridades de la Ciudad de México suspendieran las operaciones en ese inmueble. Pero un día después la empresa hizo entrar por el sótano a los trabajadores. Uno de ellos logró documentarlo en video y lo compartió en su cuenta de Facebook, por lo que fue despedido. Esa misma tarde, el gobierno realizó un segundo operativo para desalojar el lugar.

Varias empleadas denunciaron que la empresa se niega o obedecer la orden de cierre y esta semana los citó a laborar en otro edificio, ubicado en Cerrada Relox 16, colonia Chimalistac.

Estas firmas han intentado desligarse de Grupo Salinas, aunque La Jornada cuenta con copias de documentos de adscripción de trabajadores que confirman la relación, además se hicieron llamadas a los teléfonos que aparecen en sus páginas de Internet, sin obtener respuesta.