uena a una treta clásica para desactivar investigaciones y castigos a fondo: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se echó para atrás en la compra de ventiladores para Hidalgo que vendió León Manuel Bartlett al precio más alto hasta ahora pagado por las instancias del gobierno federal en esa materia, comparadas incluso con otras adquisiciones hechas el mismo día en esa misma entidad.

El IMSS informó ayer que levantó un acta administrativa de Rechazo de Bienes por fallas, daños e incumplimiento de las características técnicas acordadas (la falta de pantallas táctiles en los aparatos) con el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). No se había pagado ni un centavo al vendedor, aseguró el fallido comprador. El imaginativo desenlace se produjo días después de que un reportaje de Laura Sánchez Ley y Raúl Olmos, publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, patrocinado por Claudio X. González Guajardo), reveló que Cyber Robotic Solutions, empresa que tiene entre sus accionistas a León Manuel Bartlett Álvarez, había conseguido un oneroso contrato de 31 millones de pesos por veinte ventiladores.

Habrá de verse hasta dónde llega el compromiso hecho en Twitter ayer por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a pesar de que ya se había anunciado que la compra impugnada había sido deshecha: No habrá impunidad en el caso de los 20 ventiladores del IMSS-Hidalgo. Avanzan nuestras investigaciones y los responsables serán sancionados. No fallaremos a nuestra responsabilidad histórica con la 4a. Transformación.

En otro tema, mediante un tuit, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) atajó la versión de que, por irregularidades con fuerte tufo a corrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga específicamente a José Ramón Narro Robles, quien fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y secretario de Salud en la administración de Enrique Peña Nieto.

El freno a lo que ya circulaba en portales mediáticos diversos como información proporcionada por la citada UIF (que en este sexenio se maneja con una soltura extraordinaria) se produjo luego de las reacciones que consideraron ese presunto afán indagatorio como una especie de amago o venganza contra Narro, quien ha encabezado la arremetida de ex secretarios de Salud contra las políticas obradoristas frente al coronavirus, particularmente respecto a los métodos y declaraciones del subsecretario estelar, Hugo López-Gatell.

De quienes formaron parte del gabinete peñista ha sido Narro quien ha ido más allá en cuanto a críticas y oposición, pues la mayoría de sus compañeros de ese primer nivel en el sexenio priísta recién pasado se mueven con pies de plomo (un ejemplo es Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación y ahora funge como senador), muy sabedores de la máxima que exige tener cola corta para desplegar la largueza de la lengua.

Por lo pronto, la cuasi autónoma UIF ha precisado que sí investiga el ámbito de contrataciones hechas durante el sexenio inmediatamente anterior, bajo indicios de actos corruptos, pero estableció que en tales pesquisas se han detectado actos irregulares de directores y titulares de institutos, más que de titulares de la Secretaría de Salud (Ssa).

Narro Robles fue secretario del 8 de febrero de 2016 al 30 de noviembre de 2018, es decir, hasta el último día del peñismo como gobierno. En junio de 2009 renunció al Partido Revolucionario Institucional, en el que dijo haber militado durante 46 años. Lo hizo en protesta porque él intentaba pelear por la presidencia del comité nacional priísta y, a su entender, todo estaba arreglado con el obradorismo para imponer al gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno. Así tuiteó Narro: “La mascarada para imponer a @alitomorenoc dentro de la dirigencia ya comenzó. El PRI enfrenta el riesgo de convertirse en un satélite del partido en el gobierno.” ¡Hasta mañana!

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