Aunque se analizará la posibilidad de iniciar un proceso interno contra los diputados locales de Morena que respaldaron la llamada ley Bonilla, anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) advirtió que difícilmente podría aplicar una sanción, ya que las últimas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han establecido una jurisprudencia que impide a los órganos partidarios sancionar a los legisladores.

Por su parte, el ex candidato del PRD al gobierno de Baja California, Jaime Martínez Veloz, dio a conocer que se presentará en el Congreso de la Unión una nueva solicitud de juicio político contra los diputados locales que aprobaron dicha reforma, la cual ampliaba el periodo del gobernador Jaime Bonilla hasta en cinco años su mandato, mientras que al momento de las elecciones fue votado por un periodo de dos años.

Luego de expresar que fue una decisión acertada el fallo emitido por la Corte, el presidente de la CNHJ de Morena, Héctor Díaz Polanco, indicó que dentro de este partido, el caso se encuentra en una paradoja, ya que mientras el máximo tribunal del país calificó la reforma local como contraria a la Constitución, el tribunal electoral, “de manera reiterada, se ha opuesto a que los órganos internos de cualquier partido, pero particularmente de Morena, intervengan para evaluar la actuación de diputados.

Recordó que todas las sanciones en las que la instancia partidista ha sancionado a diputados por incurrir en acciones opuestas a sus estatutos, los fallos han sido revertidas por el tribunal aludiendo que es competencia sólo de las propias bancadas al ser temas legislativos.

A la vez, en Baja California, Martínez Veloz expuso ayer que la resolución de la SCJN brinda nuevos elementos que apuntan a un fraude a la Constitución y prácticas corruptoras por parte de los diputados que avalaron la reforma, lo que permitiría un proceso de juicio político a partir del fallo judicial.

También, pidió a la Fiscalía General de la República dé celeridad a la denuncia presentada el 9 de agosto del año pasado sobre una presunta compra de legisladores locales para votar a favor de dicha ley.