En la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenar el retiro de cartas dirigidas a micro y pequeños empresarios para obtener créditos firmadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hubo sesgo político, sino se actuó ante una violación constitucional que prohíbe la promoción personalizada de un funcionario público, aseveró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.

A través de un video, recordó que antes el INE ya había ordenado medidas cautelares semejantes –en 2012, 2015 y 2019– con mandatarios emanados de diferentes partidos.

En democracia nadie tiene derecho a hacer promoción personalizada, menos aún en una situación de emergencia nacional como la que vivimos. El INE ha actuado y seguirá actuando con toda legalidad en todos los casos, en lo que corresponde, para mantener la vigencia y marcha de nuestro sistema democrática.

Al respaldar la resolución que el pasado jueves adoptó la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo, en atención a reclamos de diversos partidos políticos, el consejero detalló que en las dos primeras versiones de la carta distribuida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se informa a los beneficiarios de los créditos sobre el esquema, el contenido asociaba directamente la entrega de esos apoyos al jefe del Poder Ejecutivo Federal.

Por ello, se determinó adoptar medidas cautelares por la contravención al artículo 134 constitucional, lo que prohíbe su distribución por cualquier medio de comunicación, redes sociales o la entrega del documento.

Explicó que la tercera versión remitida por el IMSS, poco antes de la resolución, la carta entregada a los micro y pequeños empresarios estaba a nombre del gobierno federal, lo cual fue autorizado por ceñirse al marco legal. Córdova precisó que es muy importante aclarar que esta decisión no obstaculiza, de ninguna manera, la distribución de los apoyos gubernamentales a quienes tanto los necesitan en estos momentos de emergencia sanitaria y económica.

Córdova recordó que, como parte de la coyuntura, la Comisión de Quejas y Denuncias ha recibido otros reclamos relacionados con presuntas violaciones al artículo 134 constitucional –que prohíbe la promoción personalizada con programas sociales– de servidores públicos de otros niveles de gobierno. En su momento, agregó, la referida comisión actuará en consecuencia si se detectan violaciones a la mencionada norma.