esde antes de que irrumpiera la pandemia del coronavirus se habían planteado algunas ideas sobre el proceso general del crecimiento económico y sus consecuencias.

Una de ellas remite a la cuestión medioambiental y la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono. Afirma que no hay medidas suficientes de política pública o mecanismos del mercado que consigan ese objetivo y que sólo queda el decrecimiento.

Otra idea parte de que la medición del PIB y su evolución no representa adecuadamente las condiciones económicas ni su repercusión social en un país. Afirma que el estancamiento productivo que se ha registrado en los últimos años podría ser un factor positivo en un entorno de estabilidad. Esto contrasta con la idea planteada, desde hace ya varios años, acerca de que el capitalismo atraviesa por una etapa de estancamiento secular que requiere redefinir los patrones de la generación del producto y el ingreso, y supuestamente, también, del modo en que se distribuyen.

La irrupción de la pandemia del nuevo coronavirus, que se fue dando de manera progresiva prácticamente desde finales del año pasado, obliga a repensar muchas cosas acerca del proceso económico. A saber: el crecimiento productivo, el lugar del trabajo, el papel de las inversiones privadas, los mecanismos financieros y las medidas monetarias y la actividad del gobierno en materia de ingresos, gasto y deuda.

Ya se sabe bien lo que significa una disrupción prácticamente total de la actividad económica, del desplome del crecimiento. Eso es lo que ha ocurrido en buena parte del mundo. Colapsaron la demanda y la oferta, ha habido necesidad de definir y aplicar no sólo las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia, sino también aquellas que atañen al sostenimiento de la capacidad de resistencia de las familias y las empresas que han quedado más expuestas.

Las decisiones que se han tomado, cualesquiera que hayan sido en función de distintos criterios técnicos y políticos, van a marcar necesariamente el escenario pospandemia.

En el primer año del gobierno actual se fijó como objetivo primordial reducir la corrupción reinante. Esa fue la oferta electoral y se mantuvo como acción de política pública. Se aplicó una severa contención del gasto público. El crecimiento del PIB fue prácticamente nulo en 2019 y ahora, con pandemia de por medio, las estimaciones para 2020 son de una severa contracción, como ocurre en el resto del mundo.

Tras el resultado negativo de 2019 se argumentó que esa no era una medición relevante, puesto que se había conseguido un mayor desarrollo. Esto significaba explícitamente que los programas de apoyo social que se habían implementado eran eficaces para aumentar el ingreso de las familias receptoras. Esa medida es efectivamente distributiva, pero había que plantear si era suficiente para sostener y elevar en el tiempo los ingresos de esa parte de la población. Esto es dudoso.

Aquí entra de nuevo la cuestión del crecimiento productivo y la generación de empleos mejor remunerados, amparados en un sistema de seguridad social más efectivo. En el sector productivo privado se generan la mayor parte del empleo y el ingreso en el país. El gobierno contribuye sólo con una parte, estimada en un quinto. Pero su acción es decisiva para conformar un entorno de mayor bienestar social y abatir la desigualdad.

Es también ahí donde se genera la mayor parte del ingreso público por la vía de los impuestos, recursos indispensables para la política del gobierno. La contratación de más deuda pública se ha eliminado como opción y se entiende, pues su efecto es intergeneracional y repercute en más desigualdad. Esto condiciona las demás opciones de las que pudiera disponerse. No obstante, el nivel de la deuda existente será más oneroso porque se eleva con respecto al PIB que se está contrayendo.

Con las repercusiones adversas de la pandemia, todas estas cuestiones adquieren una nueva dimensión. Cuando esto termine se irá redefiniendo muy rápidamente un entorno económico y social, y lo será en el marco de un gran desgaste material en las condiciones de las familias y las empresas de menor tamaño y del mismo gobierno.

La actividad económica se contrae severamente, lo que significa una caída del empleo y el ingreso, que aun será más profundo y que establecerá el piso sobre el que tendrá que rearmarse el entramado social. La mayoría de las empresas ya no contarán con la capacidad de renovar su actividad y ello complicará las condiciones para volver a emplear a la gente. La dimensión de lo que este escenario representa es enorme.

El papel del crecimiento y su efecto en el empleo, el ingreso y los impuestos sigue siendo una cuestión clave para cualquier definición de la política pública. No sólo eso. Es esencial para el modo de hacer política y alcanzar algunos consensos funcionales.

Lo será aún más cuando finalmente pase la pandemia y haya un elevadísimo nivel de desocupación de la gente y, en general, de los recursos. El ajuste necesario en ese momento no ocurrirá de manera automática ni por parte del mercado ni del gobierno.