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Dos de cada tres librerías podrían cerrar, advierten en España

Editores, libreros y distribuidores lanzan grito de auxilio al gobierno

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▲ Empleados laboran en un almacén del distribuidor de libros Les Punxes en Sant Feliu de Llobregat, cerca de Barcelona, donde miles de ejemplares se apilan en palés y estanterías.Foto Afp
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 30 de abril de 2020, p. 6

Madrid. Llevan tiempo advirtiéndolo, incluso suplicando ayudas o medidas extraordinarias que al menos permitan controlar la hemorragia letal que sufre la industria editorial española, pero hasta el momento no ha servido de nada. Y ante lo que editores, libreros y distribuidores advierten que puede suponer el final de la cultura y el negocio del libro tal como lo conocemos, lanzaron un último grito de auxilio para evitar que en menos de un semestre pierdan más de la mitad de su volumen de negocio y se precipite así el cierre masivo de librerías y editoras.

La Asociación de Cámaras del Libro de España, que agrupa a los profesionales del sector en todas sus vertientes, están más que preocupados por la situación actual del sector, pero más aún por el futuro de nubarrones que se avecina. Sus encuentros con el gobierno español del socialista Pedro Sánchez no han servido todavía de mucho, pues en ellos les han prometido que estudiarían su caso, que en estos momentos lo prioritario es atender la crisis sanitaria, que no hay recursos suficientes para afrontar el periodo de hambre y desempleo al que se enfrentará el país en los próximos meses.

Y miran con cierta envidia a otros países, como Alemania, Francia, Holanda e incluso Reino Unido, donde se han decretado medidas excepcionales para salvaguardar a la industria editorial no sólo por su carácter comercial, sino también por su importancia en la preservación y difusión de la cultura. Por ejemplo, en la mayoría de estos países se decretó que el libro era un bien de primera necesidad, más aún en época de cuarentena, por lo que se podía vender libremente y además con beneficios fiscales y hasta ayudas públicas.

Ante el silencio del gobierno español para los reclamos, los editores, libreros y distribuidores emitieron una denuncia pública en la que advierten que el impacto de las pérdidas desde la entrada en vigor del estado de alarma, el 14 de marzo, puede ser incluso mayor al inicialmente previsto, pudiendo alcanzar la mitad de la facturación en el comercio interior (alrededor de mil 200 millones de euros) y 70 por ciento en el exterior (400 millones de euros). En total serían mil 600 millones de euros en pérdidas. Se necesita, por tanto, la adopción de medidas urgentes que contribuyan a salvar a la primera industria cultural de nuestro país, argumentan. Incluso advierten que podrían cerrar dos de cada tres pequeñas y medianas librerías.

En su carta pública también lamentan que en sus empresas se han registrado en las semanas recientes un descenso de la facturación cercano a 80 por ciento. Además, 50 por ciento de ellas han puesto en marcha un expediente de regulación temporal de empleo (lo que supone el despido temporal de trabajadores) y dos de cada cuatro han solicitado créditos ante la falta de liquidez, que en 60 por ciento de los casos siguen pendientes de ser estudiados.

Advierten que si no llegan esas ayudas, créditos o medidas de excepción cuanto antes, las pequeñas editoriales y librerías se verán obligadas a cerrar y más aún si se prevé que las medidas de excepción se mantengan más allá del verano, en el mejor de los casos.

Uno de los motivos del nerviosismo y el malestar de los editores es que en el plan que el martes presentó el gobierno español para iniciar el proceso de desconfinamiento paulatino no se hace referencia al libro como bien de primera necesidad, por lo que no está entre los comercios e industrias que podrían abrir sus puertas lo antes posible, al menos para limitar la hemorragia de pérdidas económicas y de puestos de trabajo.

Los editores españoles también lamentan que el gobierno no tenga un compromiso con la cultura como existe en otros países, como Francia o Alemania, cuyas administraciones se comprometieron a mantener los gastos culturales programados antes de la crisis y no aplicar recortes, como se hará en España. Los representantes del libro ibérico lamentan precisamente que mientras en estos países se asume a la industria del libro como parte vital de la cohesión social, aquí ocurre lo contrario y se tiene fobia a la inversión pública en el sector cultural.