Ciudad Juárez, Chih., La juez décimo de distrito, Madhay Soto Morales, ordenó al gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral, cerrar todas las maquiladoras de la entidad, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, al otorgar un amparo al abogado Carlos Joel Vargas; además, instruyó a la Secretaría del Trabajo estatal verificar la suspensión de actividades.

La Secretaría del Trabajo dio a conocer que detectó que se encontraban en operación 102 centros laborales con actividades consideradas no esenciales, por lo que se determinó la suspensión temporal de actividades.

Según información oficial difundida por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en Ciudad Juárez, limítrofe con El Paso, Texas, operan 327 maquiladoras, 500 en Chihuahua, y 5 mil 144 en el país.

Luego del fallo de la juez Soto Morales, la autoridad responsable de aplicar los cierres de factorías y empresas, cuya producción no sea considerada esencial, es la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado.

Entre los actos que reclama el abogado Carlos Joel Vargas en el juicio de amparo está la omisión de la autoridad responsable en establecer medidas de protección y seguridad eficaces para evitar el contagio del Covid-19, y no realizar acciones para asegurar la suspensión de labores no esenciales en el ámbito de su competencia.

Reprochó también la omisión de realizar acciones que señalan artículos de la Ley Federal del Trabajo, como lo que indica la declaratoria emitida por la Presidencia de la República el 30 de marzo, donde se declara de manera oficial la contingencia sanitaria en el país.

En el juicio de garantías, el quejoso refiere: en la entidad hay un millón de empleados del sector manufacturero de exportación, quienes, a pesar del decreto de suspensión, siguieron sus labores sin tomar medidas de prevención y protección en favor de los empleados.

Destaca que además de poner en peligro la salud y la vida de los obreros, el riesgo se extendió a la población en general, debido a que éstos podrían propagar el virus a sus hogares y de ahí diseminarlo a la ciudadanos en general.

El 9 de abril, la juez Soto Morales dictaminó que la Secretaría del Trabajo debe revisar y verificar que las maquiladoras de la entidad cumplan con la obligación que tienen de proteger a sus empleados ante la posibilidad de contagiarse del Covid-19.

Agregó: se debe verificar si esas empresas están dentro de las consideradas de actividad esencial, y si no es así, enviar a sus trabajadores a guardar la cuarentena en sus casas, con todos sus derechos laborales a salvo; es decir, sueldos y prestaciones.

Mandató que “se debe evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo de desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella…”, esos trabajadores deberán de ser enviados a sus hogares con su salario y percepciones íntegros.

Expuso que en la entidad hay más de un millón de trabajadores de la industria maquiladora, lo que hace entender el riesgo enorme que existe, de que todos esos trabajadores siguen cumpliendo con su trabajo, sin que las empresas para las que trabajan tomen las medidas de prevención necesarias.

La audiencia constitucional del caso fue fijada para su desahogo el 15 de mayo. El amparo es tramitado con el número de expediente 524/2020 IV, en el décimo juzgado de distrito.