El juzgado segundo de distrito en materia administrativa del primer circuito ordenó a las autoridades del Hospital General de México proteger a personal de salud y proporcionarles insumos médicos de seguridad suficientes para atender a pacientes con posibles síntomas de Covid-19.

Entre los insumos se encuentran mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 o protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo, guantes de nitrilo y bata de manga larga, para que desempeñen debidamente sus funciones y evitar contagios.

El juzgado fijó un plazo de 24 horas para que las autoridades hospitalarias rindan un informe justificado sobre la aplicación de dichas medidas, ya que de no hacerlo pondrían en riesgo la salud, vida e integridad de los trabajadores.

Por separado, el juez Germán Cruz Silva, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, otorgó una suspensión de plano a un particular en contra de la aplicación de los lineamientos contenidos en la Guía Bioética de Recursos de Medicina Crítica, elaborada por el Comité de Ética del Consejo de Salubridad General para hacer frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En su fallo, el impartidor de justicia exigió a las autoridades realizar al quejoso, de forma inmediata, las pruebas necesarias para detectar de manera temprana y oportuna si se encuentra infectado de virus Sars-CoV-2 y en caso de resultar positivo, deberán trasladarlo al hospital correspondiente y proporcionarle el tratamiento médico que se estime necesario para estabilizar, controlar, o aliviar los padecimientos que presente en el momento en que sea valorado.

En tanto, el juzgado primero de distrito en materia administrativa le negó la suspensión provisional a la empresa de autopartes Bocar Group, quien buscaba la protección de la justicia federal para reiniciar labores que suspendió debido a la emergencia sanitaria mundial del coronavirus. La compañía impugnó el convenio del 31 de marzo y 6 de abril pasado de la Secretaría de Salud que no incluyeron a la industria automotriz entre las actividades esenciales que podían seguir operando durante abril.

El juez Jonathan Bass Herrera, titular del juzgado primero administrativo, argumentó su decisión al justificar que otorgar la suspensión podría afectar el interés de la colectividad ante la pandemia.