Al menos la mitad de los empleos que se generan en la seguridad privada están en riesgo de perderse por el econovirus que ha desatado la pandemia de Covid-19, aseguró Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

En entrevista con La Jornada, manifestó que desafortunadamente la enfermedad llegó en medio del estancamiento económico del país, por lo que sus efectos exacerbarán la situación que ya tenía México.

Sapién Santos consideró que la nación se enfrenta a un econovirus, pues no sólo se trata de una emergencia sanitaria, sino de un tema económico.

Explicó que en la industria de la seguridad privada existen más de 6 mil empresas, en las cuales laboran alrededor de 500 mil elementos. Sin embargo, dijo, debido a la emergencia sanitaria están en peligro entre 45 y 50 por ciento de empleos.

La iniciativa privada, comentó, no busca rescate, sino sensibilidad de la administración federal para generar políticas económicas de carácter emergente en aras de apoyar al sector empresarial.

Insistió en que se busca diferir el pago de contribuciones del sector empresarial, como el caso de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, así como la cuotas obrero-patronales, para seguir manteniendo los trabajos formales.

Subrayó que si no se generan esas políticas económicas, será muy difícil que las empresas puedan sobrevivir y, sobre todo, mantener la sanidad en los empleos formales.

Nadie está obligado a lo que materialmente es imposible, apuntó.

Ejemplificó: “un empresario de seguridad privada que tiene una planta de 35 personas está imposibilitado para pagar obligaciones con los trabajadores si los clientes, que eran centros comerciales y hoteles, tienen cerrado durante dos o tres meses por la emergencia sanitaria.

La recuperación económica, destacó, “no será como levantar el switch de la luz”, pues el proceso para reiniciar durará entre tres y cinco meses. Y hasta años en recuperar el nivel que se tenía hasta antes de la pandemia.

Despedir al personal no es fácil, aseveró, pues las empresas deben pagar una contribución para dar de alta a un trabajador para que se desempeñe en la seguridad privada, mientras cesar a un empleado también implica pérdida de recursos, ya que se tiene que pagar al gobierno por darlo de baja.

Una vez que pase la emergencia sanitaria, agregó, la empresas deberán contratar, pero eso significa un sobrecosto, ya que deberán canalizar recursos para capacitación de personal.

Por último, expresó que por lo extensa que es la seguridad privada el consejo no cuenta hasta el momento con una cifra sobre cuántas plazas se han perdido.