n diversas entregas de Economía Moral y en otros escritos (algunos en coautoría con Araceli Damián) he argumentado la necesidad ineludible del ingreso ciudadano universal suficiente e incondicional (ICUSI) como un derecho humano universal a una transferencia monetaria incondicional (TMI) periódica suficiente para una vida digna, desde el nacimiento hasta el fin de la vida. Mi argumento a favor del ICUSI ha estado centrado en la tendencia creciente a la automatización de todos los procesos productivos que ha corroído la liga entre ingreso y trabajo sobre la cual está construida la sociedad del trabajo pagado en la que vivimos: para la mayoría no habrá un empleo estable. Además del problema de sobrevivencia de quienes han perdido el trabajo y de los muchísimos más que lo perderán en los próximos decenios, la automatización está haciendo inviable el capitalismo, porque va perdiendo compradores mientras la producción va creciendo. El ICUSI independiza el ingreso del trabajo y hace posible vivir dignamente a los centenares de millones que no tendrán un trabajo pagado. Esta propuesta enfrenta resistencias, tanto ideológicas como conceptuales, profundas. Otorgar a toda persona un ingreso periódico sin contraprestación, va contra la frase bíblica, con la que Jehová castigó a Adán y Eva al expulsarlos del paraíso: ganarás el pan con el sudor de tu frente. De ahí la reacción de shock cuando alguien sugiere que el Estado otorgue una TM a las personas de manera periódica, sin que medie trabajo o pensión contributiva. Pero las TM no contributivas e incondicionales a adultos mayores en el país nos han ido preparando para la idea del ICUSI.

Con la pandemia del Covid-19 ha surgido una nueva contradicción: trabajar y proteger la salud se han vuelto incompatibles para la mayoría. Las autoridades les han dicho: quédate en casa sin decirles con qué recursos van a comprar alimentos y otros bienes y servicios esenciales. En muchos países (incluso México) se paralizó casi toda la actividad económica no esencial o no urgente y millones de personas se quedaron sin ingresos. El número de empleos registrados en el IMSS (empleos formales) cayó en marzo en 130 mil; en abril la caída va a ser mucho mayor. El seguro de desempleo protegió a la mayoría de quienes perdieron su empleo en Europa, pero sólo a una parte en EU y, en México, sólo a los trabajadores formales en la Ciudad de México. Los pobres del mundo y de México, y otros no pobres, pero que carecen de ahorros líquidos y de capacidad de endeudamiento, buscan seguir trabajando para sobrevivir, arriesgando su salud y la de sus familiares.

El ICUSI resolvería esta contradicción de manera tajante, nadie tendría que arriesgar su vida por conseguir el pan diario. No es extraño que haya sido justo en estas semanas cuando el papa Francisco dijo que ya era hora de ir pensando en el salario universal, que el parlamento canadiense aprobase una ley para subsidiar en 75 por ciento los salarios de los trabajadores de empresas cuyas ventas han caído para evitar su quiebra y el desempleo consiguiente, y que en Brasil y EU hayan anunciado transferencias monetarias temporales para la población de escasos recursos. En Brasil la iniciativa la tomó el Congreso y usó la terminología de ingreso ciudadano universal (o renta básica). Resulta heroico el esfuerzo de algunos empresarios que mantienen el pago de salarios a pesar de haber tenido que cerrar el establecimiento y tener ingresos iguales a cero. Pero no podrán resistir mucho tiempo y la pandemia puede durar todavía muchos meses más. En México, los gobiernos federal y de la Ciudad de México han anunciado créditos a bajo interés en apoyo a las pequeñas y microempresas (de baja cobertura y de montos muy bajos), y el adelanto anunciado de algunas transferencias monetarias de programas sociales para paliar la caída de ingresos y de demanda. No son suficientes y pagar salarios con créditos es problemático.

La idea del ICUSI no es nueva. El Fondo Monetario Universal la analizó con bastante simpatía en su Monitor Fiscal de 2018. En México la diputada Araceli Damián de Morena presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear el derecho al ICU en la legislatura pasada. En varios países en el mundo se está discutiendo la necesidad de reconocer el derecho al ingreso ciudadano, la renta básica o renta de ciudadanía. El estado de Alaska fue pionero en el mundo. En 1976 se instituyó el Alaska Permanent Fund, que anualmente otorga a cada persona que haya vivido como mínimo seis meses en el estado un monto que depende del rendimiento medio del fondo en los últimos cinco años (en 2015 fue de 2 mil 72 dólares anuales). En Brasil se promulgó una ley que crea el ingreso básico ciudadano para todos los brasileños y residentes legales de más de cinco años. La Ley entró en vigor en 2005 de manera gradual en cooperación con los gobiernos estatales y federal, pero su ampliación fue frenada por la introducción del programa Bolsa Familia. En México, el primer programa universal de transferencias no condicionadas fue el de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores (2006) en la Ciudad de México, posteriormente, se instituyó la beca universal para estudiantes de preparatoria (Prepa Sí, 2011) y se creó el programa Mi Beca para Empezar (2019), que cubre a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas. En 2019 tanto la pensión de adultos mayores y la destinada a personas discapacitadas se convirtieron en transferencias universales en todo el país. En Bolivia y Uruguay también se pusieron en práctica pensiones universales para adultos mayores. De los ensayos más exitosos en materia de ingreso ciudadano es el llevado a cabo en la India, en 2011, en ocho aldeas de Madhya Pradesh donde por 12 meses cada adulto recibía 300 rupias al mes y cada niño 150. Otra aldea tribal fue usada como grupo de control. Los sorprendentes y favorables resultados fueron presentados en 2013. Finlandia realizó un proyecto piloto de renta básica entre ciudadanos inscritos en el seguro de desempleo, en el que se otorgaron 560 euros al mes a casi 2 mil personas durante 2017 y 2018. El objetivo final del proyecto es contar con información sobre la viabilidad de reemplazar todo subsidio pagado por el Estado a través de una renta básica.

El ICUSI resolvería la contradicción entre tener que trabajar para comer y arriesgar la vida trabajando. Cuando surja el Covid-20 estaremos preparados si implantamos el ICUSI ahora. Sólo tendrían que trabajar en las pandemias quienes produjeran alimentos, medicamentos, energéticos, insumos de uso generalizado y quienes los transportan o venden; y desde luego todo el personal de salud. Nadie pasaría hambre.

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