El Gobierno de la Ciudad de México convocó a los concesionarios del transporte público individual de pasajeros a adherirse a la aplicación (app) Mi Taxi, con la cual podrán aplicar una tarifa similar a la fijada para los operadores de sitios de taxi, de 13.10 pesos el banderazo, y 1.30 pesos por cada 250 metros o 45 segundos de recorrido.

De acuerdo con el aviso publicado en la Gaceta Oficial, los taxistas que se adhieran a la plataforma, pero suban en calle a los pasajeros sin usarla, tendrán que ajustarse a la tarifa actual de 8.74 pesos y 1.07 pesos por cada 250 metros o 45 segundos.

Esta adhesión será de manera voluntaria y sólo basta con descargar la app, registrarse en el padrón de conductores en Locatel (55 5658 1111) e iniciar en modo operador, con lo cual esta tecnología, desarrollada por la Agencia Digital de Innovación Pública, conectará a personas que solicitan el servicio con conductores cerca del punto.

Por otra parte, taxistas que ofrecen servicios por aplicación se manifestaron afuera de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México en demanda de apoyo para que las plataformas Uber y Didi estructuren un plan de rescate ante la baja sustancial de sus ingresos durante la contingencia sanitaria.

Los conductores se quejaron por el pago de dos impuestos que tienen que realizar, uno de movilidad por cada viaje que hacen, el cual les es descontado por la plataforma, y otro que se genera por operar de manera particular.

En ese sentido, la empresa Cabify dijo que ha comunicado a sus conductores acerca de los diferentes programas que existen y ha tenido acercamientos con el gobierno federal y algunos gobiernos locales para que sus socios conductores puedan operar de forma más directa y efectiva. Entre los programas de financiamiento gubernamental destacan los préstamos sin intereses y las transferencias directas.

También hubo quejas de los concesionarios del transporte público individual de pasajeros, quienes aseguraron que ante la caída de sus ingresos por la contingencia sanitaria se han visto obligados a retrasar el pago de las unidades que habían renovado, con lo que las “empresas poco solidarias están iniciando procesos de inmovilización de sus vehículos.