La decisión presidencial de regresar parte de los tiempos oficiales a los concesionarios de radio y televisión equivale a la creación de un nuevo Fobaproa, pero ahora para rescatar a propietarios de radiodifusoras y televisoras que no se prepararon para la competencia con Internet y tienen un deficiente modelo de negocios, señaló Javier Esteinou, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Dado que aún no se publican los términos en que se realizará el salvamento, Esteinou y Luis Miguel Carriedo, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), coincidieron en que se requiere reformar la Constitución y las leyes secundarias para modificar la estructura actual de los tiempos oficiales. Pero si la idea del gobierno es sólo cambiar los tiempos fiscales, sí se puede hacer mediante un decreto.

El especialista de la UAM criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya tomado esta decisión de manera unilateral y autoritaria y sin que haya consultado a la población como ha hecho con otros proyectos.

También estimó que el mandatario accedió a la demanda de los concesionarios de cancelar una parte de los tiempos oficiales que deben otorgar al Estado a cam-bio de que no lo critiquen más. El propósito es establecer un pacto político de beneficios mutuos entre la izquierda populista de Morena y el poder mediático monopólico privado con el fin de seguir co-gobernando en las próximas déca-das, resaltó.

Esteinou Madrid, integrante del consejo consultivo del Canal del Congreso, añadió que la devolución tendrá diversas implicaciones. Entre otras que se le van a quitar a la sociedad espacios de información sobre temas fundamentales y al próximo gobierno se le está reduciendo capacidad de comunicación, además de que se le va a obligar a comprar espacios en radio y televisión o bien a seguir con las conferencias matutinas.

El también Premio Nacional de Periodismo en tres ocasiones dijo que es injustificada la decisión presidencial. La sociedad no es responsable del deficiente modelo de negocios de los concesionarios ni de que no se hayan preparado para competir con Internet.

Recordó así que al momento en que las plataformas de streaming ofrecieron mejores contenidos, las audiencias de las televiso-ras disminuyeron.

Por su lado, Luis Miguel Carriedo, ex asesor del Instituto Nacional Electoral (INE) especializado en temas del Comité de Radio y Televisión, señaló que en caso de reducirse los tiempos fiscales –los únicos que podrían modificarse por decreto presidencial y sin pasar por el Congreso–, en automático disminuirían los tiempos oficiales y por tanto, los espacios para partidos políticos y autoridades electorales en periodo no comicial.

Recordó que el artículo 41 de la Constitución establece que en época no electoral, el INE tiene a su cargo el 12 por ciento del tiempo oficial. De esa bolsa, la mitad se reparte entre los partidos y la otra mitad es para las autorida-des electorales.