El sexenio pasado concluyó con un aumento de 6.8 por ciento de personas que no tienen servicios de salud pública y aún así en el último año de ese gobierno, el Consejo de Seguridad General identificó 4.7 millones de registros duplicados, lo que confirma que el sistema de salud no escapó a los esquemas de corrupción, sostuvo Manuel Huerta, de Morena, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

El legislador indicó que en cuanto al padrón de beneficiarios del IMSS-Prospera, el instituto reportó que 2015 fue el último año en que realizó la vinculación de las listas de beneficiarios de dicho programa con otras del Sistema Nacional de Salud y con planes sociales del gobierno federal, sin que se acreditaran las causas.

Informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que, en cuanto a la cobertura de la población, al cierre de 2018 había un registro de afiliación al Sistema de Protección en Salud Social de 53 millones 530 mil 359 personas, es decir, 78 por ciento de las 68 millones 112 mil 161 personas sin seguridad social.

Eso implicó que más de 14 millones no contaron con servicios de salud pública, pero al mismo tiempo se comprobó la duplicidad de registros

De 2013 a 2018 la cobertura pasó de 85.4 por ciento, esto es 55 millones 637 mil 999 personas, a 78.6 por ciento, o sea 53 millones 530 mil 359 personas, indicó el legislador.

Consideró que al observar ese comportamiento de baja en la cobertura de afiliación a la seguridad social en el sexenio de Enrique Peña Nieto se puede concluir que existió una intención programada para dejar de incluir a millones en la seguridad social y, a la par, programar gastos elevados y más servicios que no se otorgaron porque simplemente duplicaron el padrón. Si esto es así, debemos saber adónde fue a dar el dinero de los sobregastos y a qué cuentas bancarias fueron a caer.

Al citar la auditoría practicada a la Secretaría de Salud, dijo que la dependencia no identificó cuántos ni quiénes constituyeron la población sin seguridad social que, además, no contaba con acceso a los servicios de salud que incluyera una referencia geográfica y epidemiológica, así como un panorama a mediano y largo plazos en el que se definiera la solución del problema público y la incidencia en la fragmentación del Sistema Nacional de Salud.

Tampoco se elaboró un diagnóstico en el que se identificaran los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para asegurar la cobertura universal de los servicios.

Con esas omisiones, es evidente que la opacidad del gobierno de Peña Nieto en el sector salud fue el eje rector de la política pública. Si no se determinó la población a atender, resultaba ilógico programar el gasto y resulta inconcebible no definir un diagnóstico mínimo de recursos materiales, económicos y humanos para la atención de salud.