Un grupo armado compuesto por al menos nueve sujetos llegó la madrugada del 7 de febrero pasado a un domicilio en la colonia Atlas de Guadalajara, Jalisco, a bordo de tres automóviles; sacó de la cama a Jesús Porfirio Mayorga Martínez y se lo llevó en ropa interior y descalzo.

Desde entonces no se sabe nada de él, pero su hermano Rafael se ha encargado –como es común con los familiares de personas desaparecidas– de armar el rompecabezas de la privación ilegal de la libertad, de atar cabos, aportando en todo momento a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas piezas que son claras líneas a investigar.

Las principales pruebas que Rafael ha conseguido desde que su hermano fue sacado de la cama por el comando, que aseguró laborar para la Fiscalía del Estado (FEJ) al allanar la casa, son los videos tomados por dos cámaras de seguridad que muestran el levantón.

En una de las filmaciones obtenidas del momento en que Jesús Porfirio es secuestrado en su vivienda para ser subido a un automóvil se pueden contar hasta nueve sujetos, algunos portando armas largas y otros pistolas, varios con chalecos antibalas, todos con los ros-tros descubiertos.

Rafael dice, en coincidencia con la denuncia D-I 10928/2020 presentada por la pareja de Jesús Porfirio, que los sujetos robaron de la casa lo que encontraron a su paso, incluido el bolso de su madre, dentro del cual iba un teléfono celular.

En esa casa viven Jesús, su mujer, sus hijos y mi madre. Cuando me di cuenta que se habían llevado el celular, lo primero que hice fue tratar de abrir ese dispositivo vía remota y lo logré, entré. Comencé a revisar el contenido y en las fotografías lo primero que encontré fue una que tomaron horas después de que se habían robado el celular, un hombre golpeado y desnudo, yo creo que era otro que levantaron, y se ve el rostro de uno de los que supongo forman parte de los secuestradores, acotó Rafael, quien destacó que las imágenes quedaron en poder de la FEJ.

Aunque la denuncia se interpuso horas después de que se privó de la libertad a Jesús Porfirio, según consta en el acta correspondiente, la citada fiscalía especial en realidad no inició de forma fehaciente sus pesquisas hasta que Rafael comenzó a presionar por diferentes medios, luego de que les aportó el material arriba señalado y no se obtuvieron resultados.

El 24 de febrero, Rafael dirigió una carta al secretario general de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza, a quien dio a conocer que debido a las pobres investigaciones desarrolladas hasta entonces por la fiscalía especial, debió aportar sus indagaciones externas para la aclaración más rápida del caso.

El día 24 presenté un testigo programado para declarar en entrevista para la policía investigadora, pero por no portar (identificación del) INE (Instituto Nacional Electoral), le niegan el acceso inmediato al edificio. Solicité audiencia con la fiscal a cargo, misma que me fue negada, agregó.

Ese mismo día, desde la oficina de Ibarra Pedroza, se remitió al fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez los señalamientos de Rafael, para que dé respuesta directamente al solicitante.

Dos días después, el 26 de febrero, se envió desde el despacho de Solís Gómez el oficio FESP/F-2053/3508/2020 a la fiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas.

A juicio de Rafael, más de un mes después de que Trujillo Cuevas fue notificada para atender el asunto, las cosas siguen igual. Su hermano no aparece, no hay pistas adicionales a las que él mismo entregó y el asunto se acumula entre los miles de expedientes abiertos sin resolver.

Todo es muy extraño, no sé por qué no se avanza, ya les hice casi toda la investigación, es un caso muy documentado. Además mi hermano no tenía enemigos conocidos, es muy tranquilo, en los videos se ve cómo se lo llevan esposado, sin haberse defendido, si fuera alguien ligado a la delincuencia de seguro tendría vigilancia en su casa, les habría respondido a bala-zos, expuso Rafael.

Afirmó que también ingresó a las redes sociales de Jesús Porfirio tratando de encontrar alguna eventual pista, pero pudo comprobar en su mensajería y comunicaciones personales, al igual que en su cuenta bancaria, que no había un rastro que lo pudiera ligar a situaciones que hubieran detonado el levantón.

La tierra de los 9 mil desaparecidos

El Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, una herramienta que el gobierno estatal puso a disposición de la sociedad para conocer las cifras y estadísticas sobre desapariciones en Jalisco, con números hasta el 29 de febrero pasado, establece que existen 9 mil 6 personas sin localizar, la cifra más alta a nivel nacional.

Según cifras que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, presentó en enero pasado, entre 2006 y 2019 han desaparecido en el país 61 mil 637 personas.

Estos datos señalan que Jalisco concentra 14.6 por ciento de todas las desapariciones en México, aunque su población apenas rebasa 6.15 por ciento del total nacional.