Diversos colectivos de derechos humanos llamaron a las autoridades del país a otorgar el beneficio de la preliberación a internos que sean especialmente vulnerables ante el Covid-19, y que dejen salir a todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que estén detenidas, por considerar que mantenerlas así en este momento de crisis sanitaria es un atentado contra su vida.

La organización civil Documenta –especializada en temas de privación de la libertad– presentó un recurso legal el pasado 30 de marzo ante la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México para que dicho organismo le conceda la liberación anticipada a adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas o que vivan con sus hijos en prisión, y personas con enfermedades crónico-degenerativas.

Dicha solicitud, basada en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, busca garantizar el derecho de los internos a la salud y la integridad, en el contexto de la pandemia del Covid-19, y podría beneficiar a poco más de 3 mil 500 personas, señaló Nohemí Juárez Gil, integrante del área de acompañamiento jurídico de Documenta.

En entrevista, la litigante subrayó que para prevenir el riesgo de contagio masivo, hay diversos países que están poniendo en marcha esquemas similares a la preliberación, como Etiopía, Estados Unidos, Afganistán y Colombia, atendiendo a las recomendaciones que ha hecho el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Juárez señaló que aunque no hay datos exactos de cuántas personas podrían alcanzar su libertad de for-ma anticipada en la capital del país, existen cifras recientes del sis-tema penitenciario de la Ciudad de México según las cuales podría haber 3 mil 559 beneficiarios de la medida, entre ellos 873 personas mayores de 60 años, 493 personas con alguna discapacidad, 195 personas que viven con VIH y 99 sentenciados por robo simple.

Por otra parte, decenas de organizaciones de la sociedad civil, universidades y expertos, a título personal, firmaron un pronunciamiento conjunto en el que urgieron a las autoridades a poner en libertad a todos los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que hoy permanecen detenidos, al tiempo que condenaron la muerte de un ciudadano guatemalteco ocurrida en una estación migratoria de Tenosique, Tabasco.

La pandemia afecta a toda la población, por lo que el Estado mexicano está obligado a adoptar las medidas necesarias para la protección efectiva de todas las personas en territorio nacional, incluyendo a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como lo son las personas en movilidad, enfatizaron.