Nueva York. Un juez federal negó la solicitud de libertad bajo fianza de Genaro García Luna, concluyendo que ninguna combinación de condiciones evitarían el incentivo de huir ante los cargos que enfrenta el ex secretario de Seguridad Pública de México.

El magistrado Ramón Reyes concluyó, después de escuchar los argumentos de los fiscales y la defensa: No creo que haya ninguna combinación de condiciones, dada la severidad de los cargos, con las cuales él pudiera resistir el impulso de huir.

El abogado de defensa César de Castro presentó una solicitud de libertad bajo fianza por un valor de 2 millones de dólares, respaldada por 10 garantes, insistiendo en que García Luna desea confrontar sus cargos en su eventual juicio. Esta fue la segunda propuesta presentada por García Luna, duplicando la fianza de un millón ofrecida la primera vez el pasado 28 de febrero, rechazada por otro juez quien invitó a la defensa a formular otra.

Los fiscales repitieron sus argumentos de que representa un riesgo, ya que enfrenta una condena potencial de cadena perpetua, cuenta con los recursos y tiene un destino a donde huir, México, donde cuenta con “el apoyo de un cártel poderoso” y una red de ex funcionarios corruptos.

Trató de utilizar la pandemia a su favor

El juez también rechazó una solicitud de libertad temporal para García Luna por el peligro que corre dentro del Centro de Detención Metropolitano en esta ciudad, ante la pandemia de coronavirus, ya que argumentó que tiene antecedentes médicos de vulnerabilidad a enfermedades respiratorias.

De hecho, la pandemia obligó a que esta sesión ante el juez fuera realizada por teléfono, y no en el tribunal federal en Brooklyn.

Los cargos que enfrenta García Luna sostienen que mientras ocupaba altos puestos de gobierno entre 2001 a 2012, recibió decenas de millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de otorgar protección a sus actividades, incluyendo el traslado de drogas, proporcionar información sobre investigaciones a la organización criminal por agencias de seguridad como también sobre las actividades de grupos rivales.

Bajo esos cargos enfrenta condenas potenciales de entre un mínimo de 10 años de prisión a un máximo de cadena perpetua por los cuatro cargos de conspiración de narcotráfico de cocaína y declaraciones falsas a las autoridades.