La crisis generada por la pandemia de coronavirus amenaza con sumergir en la pobreza a 21 millones de mexicanos. Sumados a los ya existentes, más de 82 millones de personas terminarían el año sin el ingreso necesario para alcanzar un mínimo de bienestar.

Además de que se afecte a cerca de 4 millones de unidades económicas y al turismo, construcción, sector financiero, y minoristas, advierte un texto presidido por el Centro de Estudios Espinosa Ylglesias (CEEY).

Con las previsiones hasta ahora publicadas para la economía mexicana, en las que se estima una contracción promedio de 3.4 por ciento, “el decrecimiento del ingreso per cápita sería de 4.5 por ciento”. Además, pronostica una baja del total de las remuneraciones a asalariados, formales e informales, de uno por ciento del producto interno bruto (PIB).

Ante una situación económica inédita, el Estado debe ir más allá de la ortodoxia monetaria y fiscal que prevalece hoy, recalca el documento del CEEY.

Calcula que en este escenario es factible aumentar el endeudamiento público en 2.2 por ciento del PIB para robustecer un esquema de subsidios y programas de garantía a lo largo del año.

La administración federal adelantó el gasto en el sector salud y transferencias de ingreso; y anunció un esquema de un millón de créditos a pequeñas y medianas empresas por un total de 25 mil millones de pesos. Dichas acciones aún son limitadas, considera el análisis.

Para el Sistema de Salud propone reasignar recursos a estados con debilidad en Sistemas de Salud y con población en un mayor riesgo: el Edomex, la Ciudad de México, Jalisco, Chiapas y Michoacán.

Para la población en pobreza y el mercado informal, plantea ampliar en forma temporal programas de transferencias en efectivo, de los créditos a la palabra y que éstos sean repagados a mayores plazos y en mejores condiciones al regularizarse las actividades; también un programa de empleo local de emergencia en zonas rurales.

Para el mercado formal, propone transferencias monetarias a los trabajadores desempleados; créditos fiscales y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las empresas, condicionados a preservación de empleo por al menos 6 meses.

También subsidios temporales a empresas formales con problemas directamente asociados con la pandemia para evitar el cierre de su actividad; tregua fiscal por un año a personas físicas y créditos blandos de la Banca de Desarrollo a pequeñas y microempresas.

Todo ello, bajo la unificación de padrones de beneficiarios y programas sociales, registro de contribuyentes, registro del IMSS y buró de crédito y la participación coordinada con estados y municipios.