uego de la reunión del Consejo de Salubridad General, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció, en la conferencia vespertina diaria sobre la pandemia de Covid-19, la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, así como el reforzamiento de las medidas para reducir la velocidad y el número de contagios. Se establece, así, la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social.
Por lo que hace al primero, las actividades gubernamentales se reducirán a las que sean necesarias de manera directa para atender la emergencia sanitaria; las de seguridad pública, protección ciudadana, defensa de la integridad y soberanía nacionales; procuración e impartición de justicia, actividad legislativa federal y estatal, así como conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica (agua potable, energía, drenaje, saneamiento básico). Por lo que hace a los sectores social y privado, el Consejo de Salubridad General los instruyó a detener todos los servicios no fundamentales, salvo los que resultan indispensables para la economía.
Otras medidas son el exhorto a toda la población que no participe en actividades esenciales a que cumpla con el resguardo domiciliario, el cual deberá ser observado en forma rigurosa por personas mayores de 60 años, enfermos de cualquier edad con hipertensión, diabetes, padecimientos cardiopulmonares, inmunosupresión, embarazo o puerperio, incluso si se desempeñan en actividades esenciales. Asimismo, se posterga hasta nuevo aviso la realización de censos y encuestas presenciales. Las autoridades emitirán, una vez terminado el periodo de emergencia sanitaria, los lineamientos para el regreso escalonado a las actividades.
El momento actual representa, pues, un desafío mayúsculo para todos los niveles de gobierno, pero también para la sociedad y el país en su conjunto. Cierto es que se está pidiendo a las empresas, las organizaciones y los trabajadores un sacrificio que va de importante a crítico y es claro que hay una fracción significativa de la población que simplemente no podrá hacerlo porque el encerrarse durante un mes conlleva la perspectiva de la inanición. Ello coloca una carga de responsabilidad todavía mayor en quienes pueden, aun a costa de un gran perjuicio personal, limitar al máximo y de manera voluntaria su movilidad. De la capacidad y de la voluntad de respuesta a la emergencia depende qué tanto la salud pública como la economía puedan experimentar un pronto retorno a la normalidad y que se pueda evitar un desbordamiento de la planta hospitalaria que se traduciría en un número elevado de muertes.
La circunstancia no sólo demanda, pues, un ejercicio de responsabilidad que no se limita a permanecer en casa, sino también con ejercer la solidaridad y el respeto para quienes, por desempeñarse en actividades esenciales o por situación de grave carencia, deban salir a la calle en este mes crítico. Y demanda también apego a lineamientos éticos esenciales para no lucrar con la crisis que representa la pandemia, lo que significa, entre otros aspectos, evitar incurrir en alzas de precios o acaparamiento de medicinas, productos sanitarios, alimentos y artículos de primera necesidad, prácticas que resultan abominables por cuanto constituyen una conversión literal de la desgracia y la dificultad ajenas en dinero.
