on la última reunión de procedimiento de los comités nacionales de normalización de Economía y Salud, culminó ayer el proceso de aprobación de la nueva norma oficial sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas prenvasados, por lo que únicamente es necesaria su promulgación por parte del Ejecutivo federal para su entrada en vigencia. La NOM-051-SCFI/SSA1-2010, conocida como de etiquetado frontal establece, entre otras medidas, un sistema de octágonos de advertencia que deberán colocarse en todos los alimentos y bebidas procesados con altos contenidos de sustancias nocivas para la salud: azúcar añadida, sal, grasas, grasas trans, calorías y edulcorantes.

Para entender la importancia de la legislación aprobada por el Congreso de la Unión en octubre pasado, cabe recordar que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) calificaron estas modificaciones legales como la regulación más avanzada en materia de etiquetado de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, y que la misma ha sido saludada también por instituciones académicas y de combate a la obesidad tanto en México como a nivel internacional.

En contraste, la norma ha enfrentado (y deberá enfrentar en las semanas por venir) una encarnizada oposición por parte de los grupos empresariales con fuertes intereses económicos en la elaboración y comercialización de los denominados alimentos chatarra, cuyo consumo se busca desincentivar a través de un etiquetado que no deje lugar a dudas acerca de sus daños potenciales. Como ya se ha vuelto casi un acto reflejo de los sectores carentes de razón, pero sobrados de recursos económicos, esta batalla contra el etiquetado basado en criterios científicos y de salud pública tuvo como estrategia central la judicialización por la vía del amparo, con lo cual lograron retrasar la puesta en marcha de esta medida urgente.

Resulta deplorable que los intereses económicos se pongan por encima de la vida y el bienestar de millones de ciudadanos, pero, además, debe remarcarse que la defensa de estos productos con el argumento de proteger la economía constituye una descarada falacia, pues las enfermedades causadas por los alimentos y bebidas procesados de bajo o nulo valor nutricional tienen un costo inmensamente mayor que los beneficios que reporta su venta. Así lo reflejan, por ejemplo, los estudios del Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles (Oment), según los cuales un adulto de 45 años con obesidad y prediabetes puede llegar a invertir hasta 65 mil pesos al año en gastos médicos de tratamiento, un gasto devastador entre una población cuyos ingresos anuales promedio ascienden apenas a 61 mil 896 pesos. A escala social, la diabetes y otras enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad acarrean una pérdida de 400 millones de horas laborales anuales, equivalentes a 184 mil 851 empleos de tiempo completo.

Por último, resulta de una especial pertinencia que la nueva norma avance en la coyuntura presente, cuando se sabe que la obesidad, la diabetes, la hipertensión y los males cardiovasculares, todos ellos asociados de manera directa con una alimentación deficiente, son factores de riesgo en el agravamiento de la infección causada por el coronavirus Covid-19. En este contexto, cabe esperar que los sectores empresariales reacios a la reforma cesen su oposición irracional y trabajen en la creación de productos adecuados a las necesidades nutricionales de la población mexicana.