Madrid. Desde que el pasado 14 de marzo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decretó el estado de alerta por la pandemia de Covid-19, se han perdido alrededor de un millón de puestos de trabajo; la mayoría, de los sectores más afectados por la cuarentena, como servicios, hostelería, turismo y grandes almacenes.

Al mismo tiempo, crece sin tregua la cifra de fallecidos, que ayer se ubicó en 4 mil 145, y la de infectados en 56 mil 400.

A la tragedia por los fallecidos, el colapso de hospitales y el confinamiento de toda la población, se suman las consecuencias devastadoras que la pandemia tendrá en la economía del país.

Los efectos han sido inmediatos: en sólo 12 días se calcula que un millón de personas han pasado al desempleo. La mayoría tras ser sometidos a lo que se denomina Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), una fórmula a la que se pueden acoger las empresas, grandes, medianas o pequeñas, cuando enfrentan una situación complicada y deciden suspender temporalmente su actividad.

El riesgo que vislumbran analistas y dirigentes políticos es que estas empresas, si se prolonga mucho el estado de alarma y, por tanto, la paralización del país, no podrán volver a funcionar como antes y tendrán que cerrar en definitiva, con lo que los puestos de trabajo se perderían en forma automática.

Entre los expedientes más numerosos que se conocen destacan los de grandes almacenes, como El Corte Inglés (26 mil empleos), la cadena de equipamiento deportivo Decathlon (8 mil), la de tiendas de entretenimiento Fnac (mil 627), el de la multinacional de componentes Lear (mil 100), el de Mediapro (mil 200) y el de PSA en Vigo (7 mil 400 trabajadores).

El drama económico se va sumando al que se vive a diario en hospitales, funerarias y en las propias casas, donde la gente, además de vivir aislada, no tiene la posibilidad de sepultar a sus familiares en caso de que hayan sufrido alguna pérdida por la enfermedad.

En este contexto, ayer se supo que el gobierno español compró varios miles de tests médicos para comprobar si alguien tiene la enfermedad a una empresa china no homologada, por lo cual el material adquirido resultó falso y no puede utilizarse.

Por lo pronto, arrecian las críticas tanto de la oposición política como de la propia ciudadanía ante la gestión de la crisis, que ha convertido a España en uno de los grandes focos de contagios en el mundo, junto a Italia y Estados Unidos.