Las empresas de distribución de vehículos –cuyas ventas se mantuvieron a la baja durante tres años, hasta febrero pasado-– aprovecharon las perspectivas de un menor crecimiento de la economía para pedir al gobierno apoyos fiscales y de impulso al sector. Todo, bajo la advertencia de que adoptar las recomendaciones de la industria evitará despidos masivos en un subsector que emplea a 516 mil personas, de un total de un millón 900 en toda la cadena automotriz.

Los diversos eslabones del sector automotriz, que hoy es la fuente de mayor generación de divisas para el país, proponen realizar una mesa de urgencia con el Presidente y su gabinete económico para tratar la necesidad de estímulos fiscales y la aplicación de políticas públicas de emergencia debido a la crisis, manifestó Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Horas antes el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que, en breve, no se contemplan apoyos fiscales o rescate de empresas. Todo el respaldo de emergencia para la crisis –que avanza por efecto del Covid-19 y el desplome del precio del petróleo– será para la población más vulnerable del país, primero los adultos mayores, así como para los trabajadores que buscan la manera como pueden.

La AMDA pidió diferir el pago de obligaciones sociales a cargo de los patrones, tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores; agilizar devoluciones de impuestos en favor de los contribuyentes por el Servicio de Administración Tributaria, y el pago a proveedores del gobierno federal y de las empresas productivas del Estado. De igual forma, exentar el pago provisional de impuestos y la deducción inmediata de inversiones, entre otras medidas.