a Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer ayer que existe una orden de aprehensión vigente en contra de Tomás Zerón de Lucio, quien fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entre las acusaciones, que ya motivaron también la emisión de una ficha roja por parte de Interpol para su búsqueda internacional, se encuentran las de tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen y pérdida y ocultamiento de pruebas, todas ellas relacionadas con el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala.

Zerón de Lucio es, hasta donde se sabe, operador y uno de los responsables del empantanamiento de las investigaciones para dar con el paradero de los jóvenes. Su papel en lo que se ha denunciado como una conspiración para obstruir la acción de la justicia quedó patente el 28 de octubre de 2014, cuando efectuó una diligencia ilegal en el río San Juan Cocula y manipuló grabaciones para aparentar que la inspección en el basurero de ese municipio guerrerense se llevó a cabo junto con personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ese día, Zerón trasladó a uno de los presuntos implicados sin hacerlo constar en el registro oficial, y sembró una bolsa de basura con presuntos restos de los jóvenes, la evidencia central en la que se basó la verdad histórica de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), una versión absurda cuya falta de sustento ha sido probada por las investigaciones independientes.

A la posibilidad de llevar a Zerón de Lucio ante los tribunales se suman las capturas, ejecutadas ayer, de dos miembros de la disuelta Policía Federal acusados de torturar a varios imputados en el caso Iguala: Isidro Junco Barajas y Ezequiel Peña Cerda, quienes en la actualidad se desempeñaban como subdirector de Control Operativo de Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados y director de área en la AIC, respectivamente. Asimismo, se sabe que hay otras órdenes de captura en curso contra ex funcionarios implicados en el desaseo que marcó a la actuación de la PGR en torno al caso.

En conjunto, estas acciones judiciales suponen un avance innegable en la tarea de esclarecer el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa y de fincar responsabilidades a quienes encubrieron este crimen, particularmente atroz por mantener a los familiares y el entorno social de los jóvenes en una prolongada incertidumbre acerca de sus seres queridos. Con esto, resulta ineludible que las capturas concretadas y las faltantes se traduzcan en el conocimiento de lo verdaderamente ocurrido en Iguala y el castigo a los responsables, condición ineludible para cerrar de manera definitiva este capítulo tan doloroso de la historia reciente.