éxico requiere hacer un balance de su economía política que tenga implicaciones explícitas para su estrategia; quizás haya quien suponga que la crisis sanitaria que se vive en el mundo impide este ejercicio, pero me atrevería a proponer que es más urgente, al calor de esta emergencia, hacer el recuento para sacar algunas lecciones de lo hecho y dejado de hacer en más de 30 años para, desde ahí, formular nuevos caminos de política. Es la mejor ruta para evitar que la adversidad nos avasalle.

Lo primero que habría que asumir es que los cambios realizados, con el propósito de construir una economía abierta y de mercado, tuvieron éxito, pero no llevaron a tener una mejor economía. La resultante de aquellas reformas de mercado y de las enormes mudanzas institucionales, coronadas con la firma del TLCAN, no fue una economía dinámica, de alto crecimiento capaz de producir los excedentes mínimos necesarios para sacar de la pobreza a los millones empobrecidos por las crisis y los ajustes iniciados en la década de los 80 y extendidos hasta 1995. Tampoco, se tejieron las capacidades necesarias para redistribuir ingresos, oportunidades y riqueza, a pesar de que se contaba con evidencia suficiente para demostrar que el exceso de concentración dañaba no sólo la deteriorada cohesión social sino a la propia dinámica económica.

También habría que decir que no ha habido correspondencia alguna entre los cambios políticos registrados en nuestro territorio, que han abierto camino para las diversas alternancias, tanto en los poderes ejecutivos como en la composición de los congresos, con iniciativas consistentes de cambio en la orientación de la política económica, cuyo propósito explícito fuese la búsqueda de un mayor y mejor crecimiento, y de un efectivo mejoramiento de la precaria y vulnerable situación de grandes masas de mexicanos. Se pensó que, sin alterar en lo más mínimo unos equilibrios macroeconómicos que, al final, fueron mitificados, las políticas sociales de alivio y compensación y una democracia a medio camino, serían suficiente. Hoy es claro el error, pero también resulta incomprensible que este gobierno, en el que muchos mexicanos vieron la posibilidad de un auténtico cambio de rumbo no sólo en la política, sino en su situación social, haya hechos suyos estos equilibrios sin deliberación ni consulta alguna.

Tal vez el principal fardo de la política democrática, apenas inaugurada en 1997, ha sido el aceptar sin chistar esos equilibrios; tanto los partidos como, en general, los partidarios de un cambio progresista en la política económica y social dieron por buenos esos equilibrios y sus criterios maestros: noafectar la pauta de distribución de los esfuerzos productivos entre capital y trabajo y, luego, el mantenimiento de una política fiscal contraria de todo propósito redistributivo, tanto en materia de gastos como de ingresos públicos. Dada nuestra histórica desigualdad, esa política debería estar abocada a corregir las injusticias distributivas de mercado, pero no ha sido así.

La negativa del Presidente a emprender una reforma fiscal que pueda desplegarse como reforma hacendaria, al cambiar los usos y modos del gasto estatal, significa que el gobierno pretende apenas administrar una coyuntura que además de frágil es totalmente incierta. De agravarse la situación económica y desplegarse un pánico colectivo, fruto de la pandemia, el país y su Estado pueden verse envueltos en una situación para la cual no haya salida pronta y eficaz, en el sentido de mantener la lealtad ciudadana al régimen político y de abrir paso a la existencia de un estado de derecho propiamente dicho.

La probabilidad de brotes sostenidos de anomia y frustración en amplias capas de la sociedad no puede seguir viéndose como algo lejano, sino como un conjunto de relaciones inscrito en una economía enferma y débil, estancada, y una política cuestionada en sus núcleos centrales y reproductores, aquellos que tienen que ver con la representación y la legitimidad del propio Estado, la democracia y la política.

Asumir esta endiablada dialéctica es una condición obligada para interiorizar creativa y productivamente tanta adversidad y convertirla en alternativa integral para la economía, la política y el desarrollo nacionales. Para apropiarnos de las promesas de la globalidad y dar credibilidad a la democracia.

Una apropiación pospuesta por demasiado tiempo y que hay que acometer ya.