Tras la renuncia de José de Jesús Orozco Henríquez, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se quedó con sólo tres de los 10 integrantes que debería tener: Rosy Laura Castellanos, Michael Chamberlin y David Kershenobich, lo cual es una situación inédita que sólo corresponde al Senado resolver.

De acuerdo con fuentes cercanas al tema, no se había presentado una situación como la actual, en la que faltaran –por diversas razones– tantos integrantes del Consejo Consultivo y menos porque la mayoría de ausencias fueran por renuncias.

Como se informó en este diario, Orozco es el sexto integrante del consejo que deja el cargo en protesta por la llegada o la actuación de la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra, luego de que en noviembre de 2019 hicieran lo propio Mariclaire Acosta, María Ampudia, Alberto Athié, Angélica Cuéllar y Olga Noriega. En tanto, Carmen Moreno Toscano concluyó el periodo de su encargo sin que hasta ahora haya sido sustituida.

Pese a los siete lugares faltantes, las sesiones del consejo no estarían en riesgo de suspenderse, ya que de acuerdo con el artículo 49 del reglamento interno de la CNDH, el quórum mínimo para realizar los encuentros es de la mitad de los consejeros, pero la reunión puede iniciarse de forma válida con los miembros presentes.

El Consejo Consultivo de la CNDH tiene entre sus facultades establecer los lineamientos generales de actuación del organismo y la aprobación del reglamento interno, así como las modificaciones o adiciones. Cada consejero es electo para un periodo de cinco años y tiene posibilidad de relegirse una vez.

Aunque la CNDH indicó que no emitiría posicionamiento oficial respecto de la renuncia de Orozco Henríquez, dio a conocer el mensaje leído por Piedra Ibarra el pasado martes ante los tres miembros del Consejo Consultivo, en reunión a la cual ya no asistió el jurista y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahí, la ombudsperson indicó que se están poniendo en marcha diversas medidas del plan de austeridad y se están revisando los casos de personas que ya tenían una recomendación de la CNDH, pero no han obtenido ningún avance.