Durante mucho tiempo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se convirtió en una institución a la que buena parte de usuarios acude sólo en busca de indemnizaciones económicas, lo cual pone en riesgo su viabilidad. Ahora se aplicará un esquema de reparación verdaderamente integral, en el que el dinero no sea la principal ayuda, afirmó la titular del organismo, Mara Gómez Pérez.

Sostuvo que un pequeño grupo de abogados se ha dedicado a litigar contra la CEAV con el fin de obtener cantidades millonarias –de las cuales se quedan con hasta 60 por ciento como parte de un mecanismo clientelar– e indicó que la depuración del personal de esa organismo era indispensable para avanzar en su reformulación.

En entrevista con La Jornada, Gómez Pérez admitió que a su llegada a la CEAV, en diciembre de 2019, encontró una institución hecha pedazos en muchos sentidos. Un ejemplo es que en este momento el organismo tiene 452 amparos en su contra, 107 de ellos perdidos, lo que ha generado que la actual titular tenga 16 incidentes de inejecución de sentencia, además de siete multas por más de 8 mil pesos.

Sumado a lo anterior, la CEAV tiene un rezago de más de 3 mil casos, con resoluciones que deben emitirse y no existen, y 12 auditorías, seis de ellas culminadas y seis abiertas.

Aseveró que uno de los principales problemas de la CEAV es que se creó como un mecanismo clientelar de víctimas de primera y de segunda, donde a quienes gritaban o tomaban las instalaciones se les daban recursos, lo cual generó incentivos perversos para personas o grupos que vieron a la comisión como una caja de dinero interminable, la gallina de los huevos de oro.

La funcionaria dijo haber recibido el organismo con unos 228 millones de pesos, a los cuales en febrero pasado se sumaron 430 millones, para un total aproximado de 660 millones, los cuales serían insuficientes si se mantiene el mismo nivel de gasto del año pasado, cuando se erogaron 935 millones.

“Algunos abogados se acercaron a víctimas para decirles: ‘puedo meter un amparo contra la CEAV para que a usted le paguen mucho dinero y me dé 50 o 60 por ciento’. Hay indemnizaciones donde piden 15 millones de pesos o más, y si sumas 452 amparos por montos así, no alcanzamos a cubrir ni la décima parte. Los litigantes se aprovechan de las víctimas y lucran con su dolor.”

Gómez Pérez indicó que en su gestión impulsará lo que debió haber hecho la comisión desde un principio: crear un nuevo modelo de atención integral de víctimas, en el cual se deje de poner el foco exclusivamente en el dinero para hacer que todas las capacidades institucionales del Estado arropen a las víctimas y las protejan.

El propósito de ese esquema es que diversas instituciones y niveles de gobierno se conjunten para dar medidas de ayuda a las personas agraviadas en ámbitos como salud, educación y trabajo, además de promover reparaciones colectivas, mediante las cuales se brinden servicios de distinto tipo a comunidades o regiones donde han ocurrido abusos o delitos graves.

Anunció que la CEAV promueve una red nacional de comisiones ejecutivas locales de atención a víctimas, con el propósito de involucrar más a las entidades federativas. Señaló que la depuración de la plantilla laboral era indispensable, pero se está haciendo con un criterio claro y sin despidos arbitrarios.

Al preguntarle sobre los señalamientos de que la CEAV ha tenido muchas veces un papel revictimizante, Gómez afirmó que el nuevo modelo de atención integral busca revertir ese escenario, pero señaló que cuidar el presupuesto y las instalaciones del organismo no daña a los usuarios, por lo que se ha creado un discurso que no es real. Apuntó que más que buscar una ampliación del presupuesto para contratar más personal –tomando en cuenta que sólo tiene 113 abogados victimales en el país–, pretende optimizar el uso de los fondos existentes, convencer a las fiscalías de colaborar con litigios e investigaciones estratégicas globales y llegar a acuerdos de cooperación con universidades, barras de abogados y defensorías públicas.

Vamos a estirar el Fondo (de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral) para que sirva para lo que se creó y atienda a quien lo necesita, en la medida en que lo necesita y de manera igualitaria. No significa que todo el mundo reciba lo mismo, sino que cada persona que necesite lo mismo, reciba lo mismo, señaló.