A cuatro meses de que fueron admitidas, todavía no se cierra el plazo de instrucción para que la Suprema Corte de Justicia de laNación (SCJN), pueda resolver la controversia y las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la llamada ley Bonilla, que permitiría al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, alargar hasta cinco años su periodo en el poder.

El retraso se debe a la negativa del gobierno y el Congreso estatales para responder a la requisición de informes y entrega de documentos que les ha hecho el ministro Fernando Franco, encargado de resolver este caso.

En enero pasado, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, afirmó que esta controversia se resolvería durante 2020, y definió el tema como importante para todo el país: “Asuntos de la mayor relevancia para la vida de las personas y para la democracia de nuestro país, entre ellas señalo las siguientes: (…) la acción de inconstitucionalidad que analiza la reforma a la Constitución de Baja California, coloquialmente conocida como ley Bonilla”.

Sin embargo, el plazo de instrucción, que es el periodo durante el cual se siguen recibiendo pruebas y alegatos por parte de los involucrados, aún no ha podido cerrarse.

En noviembre, el Congreso de Baja California tardó en responder a una de las primeras actuaciones, que consistía simplemente en entregar copia certificada del Bando Solemne donde se declaró gobernador electo a Jaime Bonilla Valdez.

Fue necesario que el ministro Franco apercibiera al Legislativo local para que entregara dicho documento, lo que hizo con un mes de retraso.

Cuando Fernando Franco considere que cuenta con todos los elementos necesarios, declarará cerrado el periodo de instrucción del caso y pasará a elaborar un proyecto de sentencia, para que sea votado por el pleno de la SCJN.