La disputa legal en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), emprendida principalmente por organismos autónomos como el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se prolongará debido a la interposición de nuevas controversias constitucionales en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, como acto de aplicación de dicha norma salarial.

El más reciente recurso de este tipo fue presentado por la Cámara de Diputados en contra del tabulador salarial del INE en febrero pasado, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no lo admite a trámite.

Se trata de la respuesta legal por la que el Legislativo optó ante la controversia constitucional que presentó primero el INE, impugnando el decreto que expidió el PEF 2020, donde se le asigna un gasto neto total de 16 mil 160 millones 795 mil pesos e incluye límites a las percepciones de sus funcionarios, conforme a la LFRSP.

Pese a esto, el INE aprobó sus tabuladores de sueldo que exceden los lineamientos de la LFRSP, contra lo cual la Cámara de Diputados promovió su propia controversia constitucional, que ya fue registrada en la SCJN con el número 27/2020, pero aún no ha sido admitida a trámite.

A estos asuntos se suma ahora la solicitud de reasunción de competencia 56/2020, cuyo fondo consiste en una denuncia por el presunto incumplimiento de las sentencias de la SCJN a las acciones de inconstitucionalidad 105 y 108/2018, donde se ordenó al Congreso de la Unión que reforme la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para establecer exactamente los parámetros del salario presidencial, que es utilizado como tope máximo para las percepciones de todos los servidores públicos.