Durante 2019 fueron cometidos 34 homicidios en contra de activistas medioambientales, con lo que México está considerado como uno de los países más peligrosos, pues esta cifra representa poco más de 10 por ciento de los 304 hechos reportados a escala global para este tipo de ataques, señaló Susana García Jiménez, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La especialista manifestó que el modelo extractivista aplicado en la explotación de los recursos naturales en la nación durante los pasados 30 años ha generado problemas graves, que afectan a las poblaciones locales y es obligación del gobierno federal escuchar sus demandas para construir un sistema alternativo de desarrollo.

La doctora en estudios sociales, en la unidad Iztapalapa, señaló que la diversidad de luchas y resistencias nos llevan a plantear la deuda histórica de justicia que tiene el Estado mexicano con las comunidades originarias, que se han visto afectadas y despojadas de sus territorios sin haber tenido mejoras en su calidad de vida, a pesar de que se destina ocho por ciento del producto interno bruto mundial a la construcción de obras faraónicas planteadas como proyectos para el crecimiento económico.

En la ponencia La justicia ambiental, una deuda del Estado Mexicano. Retos para la 4T, cuestionó que el actual gobierno continúe con el esquema de implementar megaobras como la refinería de Dos Bocas, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya.

Los pobladores del sur-sureste consideran una simulación las consultas sobre los megaproyectos, además de que es conocido que el desarrollo del ferrocarril en Estados Unidos estuvo vinculado estrechamente a la desaparición de los pueblos originarios, expresó la investigadora universitaria.