Madrid. Una delegación de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto del gasoducto de Morelos, enmarcado en el Proyecto Integral del Estado, viajó a España, Italia y Bélgica para denunciar la sistemática violación de los derechos humanos que han sufrido desde que inició el plan hace ya más de ocho años. También señalaron la responsabilidad del gobierno español en su apoyo a la empresa Enagás, responsable de la ejecución de la obra, y que según los activistas está detrás de las amenazas, las persecuciones, la represión; incluso la señalan como responsable del asesinato del defensor de la tierra Samir Flores.

Tres representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos (Fpdta-M) mantienen una intensa agenda en España para llamar la atención de la opinión pública y de las propias autoridades de la situación que ha creado la empresa Enagás en Morelos, para lo que se han reunido con políticos de varios partidos, con defensores del medio ambiente y funcionarios públicos.

De hecho una de sus reuniones más importantes fue la que mantuvieron con Marta Valero, subdirectora general de fomento financiero del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), que pertenece al Ministerio de Economía del Ejecutivo español, actualmente presidido por el socialista Pedro Sánchez, gracias a una coalición con la formación de izquierda Unidas Podemos. Durante el encuentro, los activistas mexicanos le expusieron la dramática situación que viven desde hace años, las amenazas e incluso le explicaron que una de las líneas de investigación sobre el asesinato de Samir Flores apunta directamente a la construcción del gasoducto de Enagás. La funcionaria española les atendió durante media hora, pero se negó a recibir la información o a abrir una investigación imparcial para esclarecer el asesinato de Samir o las vulneraciones de los derechos humanos en la región. Estamos indignados y muy decepcionados por la respuesta que ha tenido el gobierno español, explicó Juan Carlos Flores Solís, abogado del Fpdta-M.

Además, el activista explicó que actualmente el Proyecto Integral Morelos cumple siete años de retraso. La termoeléctrica no está funcionando, nada más tuvo un periodo de pruebas de seis meses, pero el gasoducto está suspendido por un amparo. Todo esto genera tiempo para que el proyecto sea revisado y cancelado. Por eso ahora venimos a Europa, para señalar la responsabilidad que tienen el gobierno y las empresas españolas porque precisamente el gasoducto se pudo hacer porque se otorgó un crédito de 50 millones de dólares a Enagás por parte del FIEM, que tiene entre sus directrices prohibir otorgar crédito a empresas que violen los derechos humanos.

La delegación de representantes de las comunidades indígenas participaran en mesas redondas y encuentros con diversas instituciones en Madrid, Barcelona, Zaragoza, País Vasco, el sur de Italia, Roma, Florencia y Bruselas, decidiendo iniciar esta campaña porque están hartos de la impunidad y de que ahora con el nuevo gobierno todo es simulación. Todo sigue igual o peor, aseguró Samantha Vargas, integrante del colectivo y vecina de Amilcingo, Morelos. Además, advirtió que durante estos ochos años hemos intentado llegar a todas las instancias estatales y apenas estamos viendo algunos resultados. Así que queremos denunciar la impunidad que se vive en nuestro país y por supuesto la responsabilidad que tiene el Estado español en la violación de los derechos humanos en este tipo de proyectos.

Teresa Castellanos, indígena nahua originaria de la comunidad de Huexca, expresó: no entendemos por qué estas empresas españolas van a violentar nuestras comunidades hasta tal punto que ya hay un asesinato, persecución, intentos de trata de personas y amenazas en contra de nuestros pueblos.