Tres años después de ser aprobada la Ley de Disciplina Financiera, la deuda de estados y municipios con la banca comercial ha ido a la baja por efecto de menor inversión en infraestructura y en capital fijo como mobiliario y maquinaria, a medida que se eleva el endeudamiento para el pago de pasivos, revelan datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Al cierre del año pasado se redujo 3.15 por ciento el endeudamiento comercial, respecto a diciembre de 2018, por una baja en prácticamente todos los rubros: el financiamiento en obra pública restó 15.22 por ciento, la adquisición de mobiliario lo hizo en 5.41 por ciento y los créditos para fideicomisos en 19.75 por ciento. La excepción fueron los recursos que se adquieren para el pago de pasivos, que durante el año pasado aumentó 4.7 por ciento.

En abril de 2016 se promulgó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios con el fin de poner candados al gobierno federal. Entre los mecanismos que generó fue un sistema de alertas que mide el nivel de endeudamiento de los gobiernos. El año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anticipó que si bien es una ley sólida, hay elementos que se pueden mejorar, sobre todo en el financiamiento de la banca de desarrollo.

La información agrupada en la CNBV revela que en diciembre de 2018 el monto de endeudamiento con las firmas comerciales era de 305 mil 688 millones de pesos, al cierre del 2019 bajó a 296 mil 65 millones, toda la disminución recargada en los rubros de inversión.

En diciembre pasado, 62 por ciento de esos recursos de deuda comercial, que se tradujo en 189 mil 219 millones de pesos, fue para capital de trabajo; 15.23 por ciento (48 mil 760 millones) para el pago de pasivos; y apenas 15.75 por ciento para impulsar obra pública.

En este último punto, los 40 mil 854 millones de pesos que al cierre de 2019 se reportan como financiamiento con la banca privada para infraestructura, fueron recortados en 15.22 por ciento respecto a los 48 mil 186 millones que se fondearon para el mismo fin en diciembre de 2018. El mayor acreedor de estados y municipios es Banorte, con 37.89 por ciento de la deuda de los gobiernos locales con entidades comerciales; le sigue BBVA, con 19.79 por ciento, y Santander, con 13.43 por ciento.

El resto se reparte entre Banca Mifel, Afirme, Bansí, Scotiabank, Banco del Bajío, HSBC, Citibanamex y Multiva.

De acuerdo con los datos de la CNBV, el mayor incremento en deuda con los bancos comerciales de un diciembre al otro lo tuvo Hidalgo que saltó 55.71 por ciento; le siguió Yucatán, con 49.89 por ciento, y Tabasco avanzó 45.58 por ciento, todo en cifras nominales. En las antípodas, Querétaro redujo su endeudamiento en 45.35 por ciento, Chihuahua en 30.48 y Oaxaca en 30.3 por ciento.

El sistema de alertas, que la SHCP actualizó el 28 de febrero, señala que las entidades donde hay más riesgo financiero por la deuda son Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Quintana Roo, una vez considerados los ingresos libres del servicio de la deuda y las obligaciones a corto plazo con proveedores y contratistas.