El año pasado, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) atendió 56 mil 235 asuntos y representó a 44 mil 320 personas, 7 y 10 por ciento más, respectivamente, que en 2018. Netzaí Sandoval Ballesteros, titular de la dependencia, señaló que los defensores públicos federales cuentan con mejores salarios y están más preparados en comparación con los estatales, quienes en su mayoría son insuficientes, pues en algunas entidades con altos índices de violencia atienden hasta mil asuntos al año, lo cual, aseguró, es inviable.

“De los delitos que se procesan en el sistema de justicia penal mexicano, 90 por ciento son locales. En la justicia federal hay una carga de trabajo de 10 por ciento. Cuando uno analiza esto desde las instituciones, nos damos cuenta de que las defensorías locales están en una tremenda situación de desventaja, no sólo porque tienen una enorme carga de trabajo –nueve de cada 10 asuntos–, sino también por los pésimos salarios de sus defensores y además porque cuentan con un mínimo apoyo presupuestal del Estado mexicano”.

Abogados públicos en más de 50% de casos

De acuerdo con el Diagnóstico sobre la Percepción de la Defensoría Penal en México, que elaboró la organización Reinserta, 52.9 por ciento de la población privada de la libertad con sentencia dictada contó con un defensor público durante el proceso judicial, y 50.6 de quienes están en vía de ser procesados han tenido un abogado público, ya que uno privado cobra de 100 a 300 mil pesos.

Pero no sólo eso, en el estudio que se realizó entre más de 3 mil personas privadas de la libertad en Baja California Sur, estado de México, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas, algunos entrevistados narraron que no recibieron una adecuada defensa de su abogado de oficio estatal. Por ejemplo, Paola, de 35 años, dijo no conocer a su mediador y el anterior siempre estaba borracho.

Víctor, de 30 años, expresó que cuando lo detuvieron lo llevaron a un reclusorio donde tuvo un abogado muy bueno, y me trataba muy bien, pero luego me trasladaron a otro reclusorio y me cambiaron de juzgado. Me han puesto como tres abogados distintos, ya ni sus nombres recuerdo. Ninguno sabe bien de mi caso, siempre llegan todos apurados a las audiencias a leer el expediente antes de que empiece.

Rodolfo, de 33 años, resaltó: El abogado de oficio me extorsionaba con 20 mil pesos, y como no los tenía no me ayudó, quería que me declarara culpable.

Sandoval Ballesteros participó en la mesa de análisis La importancia de la función del defensor en la impartición de justicia penal: retos y realidades, donde reiteró que los defensores públicos federales ganan de cuatro a seis veces más que uno local. “Hay algunos datos en el estudio que me parecen bastante graves y delicados, se mencionan muchos casos de personas que no estuvieron acompañadas por sus abogados en las audiencias. En la defensoría pública federal eso no podría pasar porque sería motivo de responsabilidad de los defensores.

Si te defiende uno de nuestros abogados, es una persona con salario digno, con servicio civil de carrera, promociones, posibilidad de ascender en la institución, con premios, reconocimientos, capacitación que imparte el Instituto de la Judicatura Federal; y si tu abogado es un defensor local, es una persona que gana 9 mil pesos, que no tiene estabilidad en su fuente de empleo ni prestaciones. La defensa pública no sólo es la defensa penal o defender a las personas imputadas, sino en general atender a los sectores más vulnerables.