El castigo a las empresas fantasma y a las que emiten facturas falsas debe efectuarse con dureza y severidad, pero enfocándose de manera muy clara en los grupos criminales que ya son conoci­dos por incurrir en este ilícito, en vez de aplicar penas excesivas a contribuyentes comunes que muy probablemente no actuaron de mala fe.

Así lo indicó Luis Manuel Pérez de Acha, ex integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, quien alertó que si la herramienta de castigo a los infractores se usa de manera descontrolada puede generarse una cantidad excesiva de amparos por empresarios que no quieren ver frenadas sus actividades económicas.

En entrevista con La Jornada, el experto en derecho fiscal y administrativo aseveró que con la información que hoy ya tienen las autoridades es posible concentrarse en acabar con las actividades de los grupos más grandes y estructurados que cometen los delitos mencionados.

Debemos exigir que se persiga a delincuentes grandes y pesados, los que operan como crimen organizado, y no al contribuyente común que no está en la delincuencia y quizá cometió un error. Es público quiénes son los factureros más grandes a escala nacional, regional y estatal, y contra ellos hay que actuar: contra los que han sido descarados y cínicos durante años, recalcó Pérez de Acha.

Labor delicada

Aunque el también ex aspirante a dirigir la Fiscalía General de la República señaló que a las empresas fantasma y a sus hermanas gemelas de subcontratación hay que castigarlas con mucha dureza y severidad, para encarcelar a los delincuentes, advirtió que esta tarea debe realizarse con cuidado, para que no resulte ­contraproducente.

Aplicar las leyes sin los debidos filtros y garantías se puede traducir en un exceso de las autoridades, lo cual es totalmente inconveniente. Que las apliquen sobre factureros y outsourceros, porque ellos tienen cómo defenderse solos, pero no sobre los empresarios que hayan celebrado operaciones con empresas fantasma por error, insistió.