En el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ocultó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la información relacionada con 663 contratos para la adquisición de bienes y servicios. De 775 convenios que celebró en 2018, sólo puso a su disposición 92, en los que no comprobó pagos a proveedores, por 586.5 millones de pesos.

Tras señalar que se incurrió en una simulación para entorpecer su labor fiscalizadora, la ASF advir­tió que en ninguno de los expedientes que le proporcionó la CDI incluyó la constancia de recepción de bienes y servicios entregados, ni el reporte de inspección o supervisión que permitiera verificar las condiciones de los acuerdos convenidos.

Sin justificar las causas, la CDI adjudicó de manera directa 76 de los 92 contratos, por 305.8 millones de pesos, pese a carecer de sustento para aplicar dicho procedimiento. Diez más los otorgó por invitación a cuando menos tres personas, por 58.8 millones de pesos, y otros seis, por 221.8 millones de pesos fueron otorgados por licitaciones públicas.

En su mayoría, los convenios suscritos (63) fueron para actividades adjetivas de la comisión, por 465.2 millones de pesos; y tan sólo 29 para actividades relacionadas con la operación de los programas de Apoyo a la Educación Indígena y para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena, por 121.3 millones de pesos.

La ASF verificó que en 2018 la CDI no dispuso del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, aprobado por el titular de la Coordinación General de Administración y Finanzas, por lo que no acreditó que la adquisición de bienes y servicios se alineó con los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo de la política pública de atención a los indígenas.

El ente fiscalizador solicitó la intervención del Órgano Interno de Control del INPI para que inicie los procedimientos correspondientes, ante la posible comisión de faltas administrativas graves por parte de quienes fueron los responsables del proceso de adjudicación de contratos en la CDI.

El órgano fiscalizador precisó que no todos los datos que proporcionados en el desarrollo de la auditoría aplicada a CDI fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes respecto al cumplimiento de objetivos y metas de la política de atención a la población indígena.