La Cámara de Diputados realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que prohíbe al Presidente otorgar condonación de impuestos, práctica que según cálculos de Morena causó, en montos actuales, una pérdida recaudatoria de 1.3 billones de pesos en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Hoy empieza la recuperación fiscal del Estado mexicano, dijo el coordinador de Morena, Mario Delgado, luego que se informó que 21 congresos de los estados avalaron el cambio.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas (PAN), sostuvo que el Código Fiscal de la Federación ya prevé límites para condonar o eximir total o parcialmente el pago de impuestos y sus accesorios, autorizar su pago a plazos diferidos o parcialidades. No nos engañemos, expresó.

Durante la presentación de posturas sobre la reforma, la legisladora panista indicó que su bancada vigilará que los programas y proyectos de inversión cuenten con reglas claras, para combatir la opacidad y dijo que mientras el país pasa por una situación delicada, no se pueden lograr grandes reformas con un pensamiento que divida y polarice entre conservadores y no conservadores.

Higinio del Toro (MC) dijo que, en los dos sexenios, las condonaciones autorizadas por los presidentes beneficiaron a 48 empresas, entre las cuales enlistó a Televisa, Volkswagen, Pfizer, Chedraui, Liverpool, Palacio de Hierro, 7 Eleven, Cinépolis, el Club de Futbol Necaxa, Cablevisión, Grupo Herdez, Grupo Industrial Saltillo, Ternium, Arcelormittal, Jafra, Fuller, Hewllet-Packard y Swiss Credit Bank de México.

Mario Delgado sostuvo que la reforma no es simbólica, sino que tiene una profunda implicación en el modelo económico de complicidades que se estableció en el pasado, cuando la perversa simbiosis del poder económico con el político, que se fraguó en las décadas recientes, tenía el componente adicional del favor presidencial para evadir el pago de las obligaciones fiscales de unos cuantos cómplices del poder.

Sostuvo que si bien las condonaciones tenían un sustento constitucional, no cabe duda que era un acto de corrupción presidencial, que pasó por encima de la atribución exclusiva de la cámara para determinar los impuestos.

Con el cambio termina la figura del presidente cómplice y socio de los grandes empresarios y consideró que es tiempo de que los inversionistas dejen atrás las reglas discrecionales y privilegios del pasado.