Este miércoles, la Comisión de Justicia del Senado podría votar el dictamen que aprueba el plan de persecución penal de la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de que ese documento tiene fallas importantes, advirtieron tanto la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos como Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano.

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones civiles señalaron que uno de los defectos del plan enviado a los legisladores por el fiscal Alejandro Gertz el pasado 20 de enero es que no incluye las recomendaciones públicas del Consejo Ciudadano de la FGR.

El mencionado consejo, recordaron los dos colectivos, es un órgano especializado dentro de la Fiscalía General de la República que busca la rendición de cuentas del fiscal y que tiene la facultad de opinar sobre el contenido del plan de persecución penal, pero hasta la fecha no ha sido formalmente integrado, ni sus consejeros han sido elegidos.

Por otro lado, en la elaboración del plan enviado por Gertz no se garantizó la participación de ciudadanos, defensores de derechos humanos ni organizaciones civiles ni de víctimas, pues nunca se hizo pública ninguna metodología para que estos sectores opinaran sobre la elaboración de la estrategia.

Todo lo anterior se desprende del contenido de la Ley Orgánica de la FGR, aprobada en 2018 por una mayoría de diputados y senadores de Morena, indicaron ambas organizaciones. La Cámara de Senadores tiene conocimiento de tales deficiencias pues es parte demandada en el juicio de amparo seguido ante el juzgado décimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en el que las organizaciones aquí firmantes han reclamado los efectos negativos de la falta de integración del Consejo Ciudadano, recalcaron.