La Red Nacional de Refugios (RNR) denunció que a punto de cumplirse un año de que el gobierno federal presentó su plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres, no se ha hecho nada.

El proyecto incluye una auditoría de los casos de feminicidio, violencia sexual, familiar y desapariciones con el propósito de identificar las líneas de investigación y los problemas estructurales; adopción de un paquete de servicios esenciales para víctimas, que incluye servicio en áreas de protección y seguridad, salud, procuración de justicia y empoderamiento económico, con la idea de solventar sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad.

De igual manera, integrar un padrón de víctimas indirectas, especialmente hijos menores de edad, así como de dependientes económicos de las mujeres asesinadas y desaparecidas; revisión de las alertas de género, crear mecanismos de seguimiento y evaluación de éstas.

Wendy Figueroa, directora de la RNR, expuso que ante las recientes demandas feministas de combatir la violencia contra las mujeres, las autoridades hoy retoman acciones de este tipo para atender la problemática.

Indicó que en una de estas iniciativas es acelerar la consolidación del modelo de atención integral con servicios esenciales como las Puertas Violeta, de las cuales a la fecha no sabemos de qué va, y recordó que en un inicio con éste se intentó sustituir a los refugios de la red.

No sólo en este gobierno sino desde hace varios años (la violencia contra las mujeres) no ha sido un tema atendido de forma integral, estructural ni mucho menos con un enfoque de género y derechos humanos, sostuvo. Agregó que en 2019 se cometieron 3 mil 825 feminicidios, fue el año más violento que hemos tenido.

Rosa Salazar, vocera de Terremoto Feminista, destacó que es un avance que se reconozca que se están agudizando los procesos de violencia contra las mujeres; sin embargo, aún no está suficientemente ubicado el contexto, porque no se ha aceptado que existe una epidemia de violencia.