Las situaciones traumatizantes a las que el gobierno del presidente Donald Trump sometió a niños y sus padres indocumentados al ser separados en la frontera sur de Estados Unidos constituye tortura, concluyó un estudio del grupo estadunidense Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés), tras estudiar 26 casos.

El diario británico The Guardian, que consultó al personal de PHR y el informe, indica que los expertos legales han argumentado que la separación familiar constituía tortura, pero esta es la primera vez que un grupo médico llega a esta determinación.

El doctor Ranit Mishori, coautor del estudio y principal asesor médico del grupo, dijo en entrevista con el rotativo: es más que sorprendente que esto pueda suceder en Estados Unidos por instrucción e intención directa de los funcionarios del gobierno.

El informe proporciona una profunda primera mirada al impacto sicológico de la separación familiar, práctica que el gobierno de Estados Unidos continuó a pesar de las advertencias de los principales órganos médicos del país, señala The Guardian.

Los siquiatras voluntarios de PHR evaluaron a 17 adultos y nueve niños que estuvieron separados entre 30 y 90 días tras ser detenidos. Aseguran que la mayoría cumplió con los criterios para al menos una afección de salud mental, incluido el trastorno de estrés postraumático, el trastorno depresivo mayor o el trastorno de ansiedad generalizada consistente con el trauma de la separación familiar y probablemente relacionado con él.

El gobierno estadunidense instituyó una política en abril de 2018 que permitió formalmente la separación masiva de niños y padres en la frontera con México. Trump terminó la política en junio de 2018, pero desde entonces se ha revelado que la administración separó a miles de familias antes y después de que la política estuviera vigente.

La brutal política de separación familiar no sólo creó trauma, sino que se intensificó por la exposición previa de las familias a la violencia en su viaje a Estados Unidos y en sus países de origen: Honduras, Guatemala y El Salvador, reseña el diario.

De acuerdo con la investigación, todos menos dos de los adultos evaluados por PHR dijeron que habían recibido amenazas de muerte en sus países de origen y 14 de los 17 adultos dijeron que fueron blanco de cárteles de drogas.

Casi todos los niños fueron drogados, secuestrados, envenenados o amenazados por pandillas antes de abandonar su país. Una madre dijo a los investigadores que cambió a su hija a diferentes escuelas en El Salvador para que los pandilleros no pudieran encontrarla y matarla.

Ante estas amenazas los padres confiaban en que el viaje a Estados Unidos resultaría en protección para sus hijos, apunta el informe.