La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está a la espera del informe del gobierno de México sobre los daños a la salud y a la vida provocados a pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez a quienes, sin su consentimiento, se les incluyó en un experimento en el cual les colocaron un dispositivo que supuestamente resolvería la hidrocefalia (acumulación de líquido cefalorraquídeo) que presentaban.

Desde 2006 se hizo la denuncia ante autoridades del país, pero no hubo respuesta. Por eso, la queja se llevó a la CIDH con apoyo de la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad. Fue 11 años después cuando, por primera vez, la Secretaría de Salud (Ssa) reconoció, en un informe a la Comisión Permanente del Congreso, que el dispositivo conocido como sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo se instaló en 474 pacientes, muchos de quienes murieron; otros viven con daños neurológicos irreversibles.

Una de las fallecidas es la señora Lourdes Walkup, quien encabezó a los denunciantes ante la CIDH en 2012. Debido a que murió, este organismo solicitó que la queja se presentara de nuevo por personas vivas. Así ingresó la segunda queja ante ese organismo internacional en 2017.

El sistema fue diseñado y patentado por Julio Sotelo Morales, ex director de Neurología. Durante su gestión (1998-2007) se colocó el mecanismo a enfermos, a pesar de que no contaba con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Tampoco existió un proyecto formal de investigación autorizado por los comités científicos y de ética del instituto.

Para reforzar la queja ante la CIDH, la Red Solidaria Década contra la Impunidad solicitó al Colegio Nacional de Neurología un dictamen sobre el sistema de derivación ideado por Sotelo Morales.

El documento de septiembre de 2019 y suscrito por el presidente de la asociación civil, Carlos Castillo Rangel, afirma que no se recomienda el uso de dicho dispositivo, entre otras razones porque no hay evidencia científica que lo justifique, pues los portadores deben permanecer parados o sentados; no pueden acostarse porque el sistema funciona por gravedad. El dictamen afirma que desde las últimas décadas del siglo XX hay equipos para derivación de líquido cefalorraquídeo con válvulas que permiten regular el flujo sin afectar la calidad de vida de los enfermos. También advierte que por el material con que se elaboró el sistema de Sotelo Morales es imposible observarlo a través de estudios de imagen para corroborar que funcione de manera adecuada.

En mayo de 2019, la CIDH solicitó al gobierno mexicano que presentara sus observaciones sobre la queja y dio un plazo de tres meses. Ante la falta de respuesta, reiteró la petición en octubre de 2019 y apenas el pasado martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, a pregunta expresa en la conferencia matutina en Palacio Nacional, informó que la Ssa retomará el expediente.

Ante el presidente López Obrador, dijo: Sabemos que habrá un nuevo señalamiento por parte de la CIDH. Nos vamos a anticipar a responder. Reconoció incluso la necesidad, a partir del caso, de revisar las disposiciones técnicas y estándares regulatorios para investigaciones donde participan personas.