En la auditoría de cumplimiento a la gestión financiera del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de la Cuenta Pública 2018, detectó deficiencias en los registros del Sistema Integral de Información e Infraestructura Nacional para el Fomento Educativo (Siiinafe), por lo que no fue posible verificar ni validar que los pagos por 3 mil 84.7 millones de pesos a las llamadas figuras educativas se realizaran conforme a la normativa.

Tampoco acreditó la autorización, justificación y disponibilidad presupuestaria para el pago de un apoyo extraordinario por 25.5 millones de pesos destinado a los jóvenes Conafe.

Además, pagó 610.6 millones de pesos a la empresa Impresora y Encuadernadora Progreso (Iepsa), de participación estatal mayoritaria, por bienes a los que no se les realizó inspección física para verificar que cumplieran con las especificaciones técnicas requeridas.

En la auditoría 2018-1-11L6W-19-0128-2019 128-DS, a la que aún debe responder Conafe, el ente fiscalizador detalló que las deficiencias identificadas en el Siiinafe incluyen falta de datos que permitan verificar y validar el monto pagado a cada una de las figuras educativas en 2018; además, no cuenta con el registro de todos los servicios de educación otorgados por el consejo.

Se detectaron inconsistencias en 8 mil 786 registros, entre los que se encuentran pagos por 47.4 millones de pesos a 5 mil 749 figuras educativas que no se encontraban catalogadas en el Siiinafe, así como la inscripción de 5 mil 333 personas no identificadas en el Registro Nacional de Población.

En las irregularidades halladas en la formalización de contratos, se identificó que el consejo otorgó un anticipo a Iepsa de 304.5 millones de pesos (50 por ciento del total), para dos convenios y sus modificatorios, sin cumplir con las condiciones establecidas en la normativa para su otorgamiento.

El consejo también formalizó dos contratos y dos convenios modificatorios para contratar los servicios de organización de congresos y convenciones, sin establecer los precios unitarios ni el importe total de cada servicio, o en su caso, el mecanismo para determinar el precio, por lo que los costos fueron asignados unilateralmente por el prestador del servicio y aceptados por el Conafe, sin que éste acreditara su razonabilidad.

Además, se identificó la realización de 19 eventos, por los cuales se erogaron 20.6 millones de pesos, de los que se hallaron irregularidades en los documentos proporcionados para comprobar los servicios, como la falta del visto bueno del director general del consejo, falta de justificación de selección de la sede, actividades con características similares y costos con variaciones de hasta 2 millones de pesos, y eventos con duración de menos de cinco horas con precios por alimentos y bebidas, que van desde de mil a mil 700 pesos por persona, entre otras irregularidades.

En cuanto a la recuperación de activos, la ASF señala que el Conafe no realizó las acciones necesarias para la identificación y localización de 953 bienes con valor de 6.8 millones de pesos, extraviados después del sismo de septiembre de 2017; además, no gestionó ante la aseguradora Grupo Nacional Provincial la recuperación de 231 mil pesos.