En 2018, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la capital gastó más de 40 millones 800 mil pesos en contratos de servicios para cursos de capacitación de su personal en esa materia, pero no cumplió los objetivos ni metas previstas por irregularidades en el número y perfiles de los funcionarios que acudieron, aunado a que sólo 62.7 por ciento aprobó, por lo que se presentaron denuncias ante la fiscalía local y la Secretaría de la Contraloría General.

La revisión financiera y de cumplimiento que practicó la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), órgano auxiliar de fiscalización del Congreso capitalino, se efectuó sobre una muestra de cuatro de 20 contratos y advierte que de lo observado se infiere que en los documentos que no formaron parte podrían haberse presentado similares irregularidades.

Los servicios contratados por la entonces dependencia del gobierno central, que fueron parte de la revisión de la ASCM, sumaron 13 millones 472 mil 800 pesos con las empresas y sus cursos: Club Privado Gracie, técnicas de control policial para 120 agentes de investigación; Estrategia Competitiva y Administración de Proyectos, curso de análisis de inteligencia criminal; Grupo Asesor Ingenia, atención temprana en el marco del sistema penal acusatorio, y la compañía Gyb Gasver, que impartió los cursos entrevistas analítica y cognitiva dirigidos a Ministerios Públicos y peritos.

En esos servicios se incluyó el suministro de puertas y ventanas, tácticas para entrenamiento con la empresa Dr. México, y todos se contrataron por adjudicación directa.

En el caso del curso técnica de control policial, se detectó un desfase de 616 horas hábiles, lo que significó una sanción calculada de 18 millones 480 mil pesos que no hizo efectiva y tampoco rescindió el contrato conforme a las cláusulas del mismo.

En cuanto a irregularidades por las que se determinó el incumplimiento de las metas, el informe refiere que de 490 participantes entre agentes de la Policía de Investigación y personal con cargo de Ministerios Públicos y peritos, la dependencia sólo envió a 454 y nada más 411 cubrieron el perfil de ingreso al curso en el que participaron y únicamente 285 lo aprobaron.

En cuanto a los perfiles, se detectó que oficiales secretarios, asistentes administrativos y técnicos operativos en trabajo social y peritos tomaron cursos que estaban dirigidos a Ministerios Públicos.

Por no cumplir las metas físicas en cuanto al número de participantes por capacitar, no cubrir el perfil para quien fue dirigida la capacitación ni conseguir que todo el personal capacitado tuviera calificación aprobatoria, la PGJ incumplió compromisos financieros, indica la denuncia.