Los testimonios de un taxista, de vecinos, así como la localización de ropa, calzado y un cuaderno que pertenecieron a la niña Fátima, fueron –entre otros– las prueba que aportó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y asesores jurídicos que permitieron que Giovana N y Mario Alberto N fueran vinculados a proceso por secuestro agravado y feminicidio.

El conductor del taxi –un vehículo blanco que se observa en imágenes de las cámaras de vigilancia– declaró ante el agente del Ministerio Público que quienes abordaron el transporte corresponden a la identificación que hizo de Giovana N y la menor de nueve años, quienes permanecieron calladas durante el viaje que tuvo como destino el inmueble que rentaba la pareja en la calles San Felipe de Jesús 17, en la colonia San Felipe, en Xochimilco.

Al juez de control, Agustín Moreno Gaspar, también se presentaron como datos de prueba fotografías en las que se observan manchas de sangre y los cinchos de plástico negro con los que amarraron a Fátima para después asesinarla; además, se expuso que el móvil del caso no fue económico, sino hacer daño a la pequeña.

El juez dictó prisión preventiva oficiosa en contra de la pareja por su presunta responsabilidad en el secuestro y muerte de la niña, por lo que fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

En la audiencia inicial, que se realizó a puerta cerrada, se determinó que ambos sigan el proceso recluidos en el penal de Santa Martha Acatitla y en el Reclusorio Oriente, respectivamente.

Tras la audiencia que inició a las 9:52 de la noche y concluyó a las dos de la madrugada con 15 minutos –con una hora de receso–, el fiscal Luis Fernando Trejo Vargas dijo que ambos imputados se reservaron el derecho a declarar, pero que podrán aportar elementos de prueba a su favor en los próximos cuatro meses.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que los presuntos feminicidas están bajo vigilancia permanente en las estancias respectivas de los penales.

Señaló que para evitar incidentes con otros procesados están bajo una vigilancia especial, denominada custodio de vista, que consiste en que personal de seguridad los vigila las 24 horas y los accesos de sus estancias se supervisan permanentemente por medio de cámaras en los pasillos.

Es una vigilancia especial para evitar cualquier tipo de agresión de otros internos, explicó en entrevista tras inaugurar en el Zócalo la muestra artesanal y gastronómica Corazón de México.

En cuanto al planteamiento de organizaciones y diputados locales para revisar los protocolos de seguridad en escuelas y regular en la ley la Alerta Ámber, dijo que una comisión ya trabaja en eso y anunció medidas como la activación inmediata de esa alarma a partir de que autoridades educativas o familiares reporten la desaparición de un menor.