Sábado 22 de febrero de 2020, p. 7
En 2018, el Fondo Metropolitano –destinado a financiar programas de desarrollo urbano en las principales ciudades del país– quedó a deber, porque de los 3 mil 232 millones de pesos que aprobó la Cámara de Diputados, sólo se transfirieron mil 545 millones (que representó 47 por ciento) a las entidades federativas.
Sin reintegrar a Hacienda
La ASF refiere –en el tercer informe de la Cuenta Pública 2018– que 31 de al diciembre de ese año, de los restantes mil 687 millones, el fondo no reintegró a la hacienda pública 962 millones de pesos.
El Fondo Metropolitano es un programa presupuestario del gobierno federal destinado a las zonas metropolitanas con objeto de impulsar el desarrollo de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos de acciones, obras de infraestructura y equipamiento. Durante el último año de la administración de Enrique Peña Nieto la asignación presupuestaria fue, al igual que todos los años, administrada por la Secretaría de Hacienda.
Al evaluar la eficacia del citado fondo, la ASF determinó que los mil 687 millones que no se transfirieron son muestra palpable de que no logró cumplir su objetivo de otorgar recursos a programas y proyectos de infraestructura que demostraran ser viables y sustentables.
De esa cantidad, el monto total observado fue de 926 millones de pesos, relativo a los recursos o rendimientos financieros no ejercidos ni devengados, y sin ser reintegrados (a la Hacienda Pública) al término del ejercicio fiscal 2018
. De tal falta se deriva el retraso de ejecución de los programas y proyectos que fueron aprobados en su momento”.
Además, se enunció que la norma que rige al Fondo Metropolitano no se encuentra alineada con las disposiciones contenidas en las leyes federales. La auditoría concluye que –con objeto de transparentar el correcto ejercicio de los recursos públicos federales transferidos a ese Fondo– es imperiosa la necesidad de ajustar los lineamientos y reglas de operación con las normas federales, especialmente cuando se refiere a los plazos que se fijan para el compromiso y cumplimiento de los contratos y su posterior pago.