El pleno del Senado de la República regresó al presidente Andrés Manuel López Obrador su propuesta para el nombramiento de Eber Omar Betanzos, Alfonso Pérez Daza y Natalia Téllez Torres Orozco, como magistrados anticorrupción y le solicitó remitir a esa cámara una nueva terna de candidatos.

Desde el 26 de noviembre pasado, cuando la propuesta llegó al Senado, no fue bien recibida por los parlamentarios de Morena, sobre todo respecto de Eber Omar Betanzos, por su cercanía con la ex titular de la Secretaría de la Función Pública, la priísta, Arelly Gómez, quién lo mantuvo en esa dependencia y en la entonces Procuraduría General de la República.

Sin embargo, tampoco los magistrados Pérez Daza y Téllez Torres Orozco, ambos con carrera judicial, lograron el aval del grupo mayoritario. El presidente de la Comisión Anticorrupción, Clemente Castañeda, de MC, sostuvo que fue un madruguete de Morena y sus aliados, ya que el pleno senatorial votó el acuerdo para regresar la propuesta al Ejecutivo federal casi al final de la larga sesión del jueves 20, ya por la noche.

Morena se aprovechó, acusa MC

Señaló que no hubo un argumento técnico o justificación legal para regresar la propuesta a López Obrador, ya que ni siquiera se evaluó a los candidatos. No hubo consenso y no se garantizaba la mayoría calificada necesaria, resaltó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

El acuerdo fue votado por Morena, PRI, PT, PVEM, y PS y en el se resalta que, desde que llegó la propuesta, no se alcanzaron los acuerdos políticos necesarios que permitan desahogar en tiempo y forma, con la votación de dos terceras partes, sobre ninguno de los tres candidatos propuestos. Por ello, luego de escuchar los planteamientos de distintos miembros del Senado, tanto al interior de ese órgano directivo como de las comisiones dictaminadoras estimó conveniente proponer al pleno que la propuesta se regresara.

El nombramiento de tres magistrados de la tercera sección de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que llevarán los casos de corrupción de servidores públicos, está pendiente desde la administración de Enrique Peña Nieto, quien, en su momento, envió al Senado una propuesta que incluía también a los 15 magistrados regionales en materia anticorrupción, la mayoría ligados al PRI y PAN que eran los grupos mayoritarios, pero no pudo concretarse por la división en la bancada panista.

Por ello, a tres años de que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, no ha podido completarse su diseño.