Monterrey, Nl., Helena Silva Parra, directora de administración de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Nuevo León, acusada por la Fiscalía General del estado de ejercicio indebido de funciones y daño patrimonial al estado por la compra simulada de 200 mil cobijas en diciembre de 2015, con costo al erario de 28 millones de pesos, libró la inculpación.

En una audiencia privada en la sala 6 del Palacio de Justicia de Monterrey, la mañana del viernes, el juez Ricardo Becerra escuchó la acusación contra la funcionaria y a su defensa.

Según la parte acusadora, Silva Parra autorizó pagar a la comercializadora Mirof, empresa encargada de proveer las cobijas adquiridas a sobreprecio, que incluso nunca fueron entregadas al gobierno del estado, a cargo del independiente Jaime Rodríguez Calderón.

Además, según la documentación entregada por la fiscalía, Silva Parra era la única funcionaria con capacidades para aprobar dicha compra. Pero el juez no encontró elementos para vincular a proceso a la imputada, por lo que logró librarse de la acusación. El fiscal del estado, Javier Garza y Garza, descartó opinar sobre el caso.

En diciembre de 2015, medios locales dieron cuenta de que la Subsecretaría de administración del gobierno del estado, encabezada por Rogelio Benavides Pinto, adjudicó el contrato de compra de 200 mil cobertores a precio de 144.9 pesos cada uno, con IVA incluido; es decir, un total de 28.9 millones de pesos.

Aunque según la ficha técnica de la subasta cada cobija debía pesar entre 2 y 2.2 kilogramos y medir de entre 1.65 a 1.70 metros de ancho y 2 a 2.10 de largo, se descubrió que éstas no cumplían con las especificaciones referidas.

Asimismo la subasta electrónica fue realizada el 24 de diciembre, y solamente se inscribió la empresa ganadora, comercializadora Mirof, a quien le bastó dar un precio de 10 centavos menor al precio de 125 pesos más IVA que había propuesto el gobierno de Nuevo León para ganar.

En su momento, Rogelio Benavides fue citado a comparecer ante el Congreso local, así como la titular de la Sedesol, Natalia Berrún; sin embargo ninguno fue sancionado por la Contraloría estatal, dirigida en ese entonces por Nora Elia Cantú, ni por el entonces procurador anticorrupción, Ernesto Canales.

En su momento, el caso fue denominado el cobijagate y ocasionó la renuncia de Benavides Pintos como subsecretario de administración estatal.