l asesinato del defensor y comunicador morelense Samir Flores, cometido el 20 de febrero de 2019, fue un parteaguas para la vida pública de México y, en particular, para la relación entre la izquierda social autonomista y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A un año del crimen, el Estado no ha hecho más que arreciar la confrontación al dar continuidad a la política extractiva, la cual, en discurso, tiene como finalidad el desarrollo y la redistribución de la riqueza, pero en la práctica la reproducción del capital empresarial. Por el otro lado, la izquierda social, que insiste en el derecho a la autodeterminación de los pueblos y a un medio ambiente sano, y a la cual le falta formar un amplio movimiento que apele a los grandes sectores empobrecidos del país.

Como punto de arranque, la distancia se tensa porque la justicia en el caso de Samir Flores no ha llegado, así como en el de al menos tres decenas de personas que se dedicaban a la defensa del medio ambiente y la comunicación, asesinadas, durante la actual administración.

El caso de Samir sigue sin avances por parte de la fiscalía del estado de Morelos. Samantha César, compañera de Samir en Radio Amilcingo, denuncia que la fiscalía local no sigue las líneas de investigación que apuntarían hacia un crimen en un contexto político, por lo que exigen que el caso sea atraído por la fiscalía federal.

Samir Flores fue asesinado en la puerta de su casa días antes de una encuesta ciudadana lanzada por Andrés Manuel López Obrador, quien ya como presidente decidió preguntar si la población de tres estados aceptaba el funcionamiento del transexenal Proyecto Integral Morelos (compuesto por una termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto).

En enero de 2019, justo cuando el presidente López Obrador pretendía arrancar con la conmemoración del centenario del asesinato de Emiliano Zapata, Samir Flores e integrantes de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos exigieron al mandatario que cumpliera su promesa de campaña (la cancelación del proyecto), y no la consulta.

Un mes más tarde, en Cuautla, arreció la protesta contra el presidente, quien señaló a los activistas como radicales de izquierda. Los pueblos reclamaban que su voto por Morena fue para garantizar la defensa de sus tierras. Un día antes de su asesinato, Samir confrontó al superdelegado del gobierno federal en la entidad, Hugo Eric Flores, perteneciente al conservador y evangélico Partido Encuentro Social, durante una asamblea informativa sobre los efectos del megaproyecto. Ninguna estructura del Estado es investigada por el asesinato de Samir.

Sin seguimiento mediático desde entonces, comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala continúan defendiendo su lugar. En Anenecuilco sigue el plantón para evitar que el agua sea llevada a la termoeléctrica. Amilcingo ganó en junio un amparo ejidal para suspender la operación de toda la obra. La radio que Samir fundó opera con más potencia. Familia y amistades de Samir prosiguen en búsqueda de justicia. Los pueblos se encuentran aún en asamblea permanente y realizan actividades políticas y culturales para mantener el tema vigente.

El gobierno continúa adelante con los megaproyectos. Con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y otras entidades del Estado, realiza consultas en el Istmo de Tehuantepec y en la península para avalar megaproyectos. Arrecian las presiones contra los opositores de estas obras. Ahí están los ejemplos de Miguel López Vega, compañero de Samir, en Puebla, encarcelado, y las amenazas contra el defensor y escritor maya Pedro Uc Be. El fondo del debate sigue en disputa: el costo del desarrollo va para quienes siempre han estado fuera del proyecto de nación, y a la vez son usados como centro del discurso: los pueblos indígenas. Ese desarrollo siempre es en sus territorios de vida, pero los desplaza, los empobrece y asimila.

Entre el gobierno de la Cuarta Transformación y la izquierda autonomista se disputan claramente, desde hace un año, a raíz del asesinato, visiones encontradísimas.

En el México de abajo, después de las actividades dislocadas planeadas para el día 20, aniversario del asesinato de Samir, se convoca a marchar el 21 en la capital y a una asamblea en Amilcingo el 22, actividades agrupadas bajo el nombre: Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra Samir Somos Todas y Todos. Luego vendrá la parte más difícil: hacer brotar las formas de vida no basadas en el capital (como la multiplicación de los caracoles zapatistas en Chiapas), y cómo entretejer y constelar una red que devenga ya no en un mundo donde quepan muchos mundos, sino otro mundo posible. Eso comenzará a decidirse en 2020, a un año del asesinato y siembra de Samir Flores.

* Cronista