Mexicali, BC., Baja California, gobernada por Morena, es una de las entidades cuya legislatura estatal ha sido omisa en aplicar las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión para combatir el peculado, el nepotismo y el conflicto de interés.

Tampoco han realizado las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción para dotarle de personalidad jurídica y patrimonios propios, como propuso hace ocho días el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

En noviembre pasado, el Congreso local decidió darle autonomía como ente constitucional, independiente de la Fiscalía General del Estado, pero omitió darle facultades y presupuesto, por lo que la primera fiscal Elizabeth Ojeda renunció a principios de enero de este año.

En el caso de ajustes a conductas ilegales de servidores públicos, se trata de modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019, que entraron en vigor un día después.

Durante 80 días, la agenda legislativa local ha pasado por alto los modificaciones a cinco artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) exhortó al Congreso de Baja California a ajustar la ley estatal para reforzar el combate al peculado, nepotis-mo y otros actos de corrupción, como lo hizo el Congreso de la Unión con la Ley General de Responsabilidades.

Resaltan trascendencia de instrumentos legales

El secretario técnico de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Luis Ramón Irineo, dirigió un exhorto al presidente de la mesa directiva del Congreso, Victor Manuel Morán, para que se realicen las adecuaciones a la ley local, por la trascendencia en el combate a la corrupción en los que la entidad no puede sustraerse a la incorporación de estos instrumentos legales.

Las adecuaciones locales se plantean a partir de las modificaciones de la Ley General que entraron en vigor el 20 de noviembre de 2019 en la que se establecen nuevas obligaciones a los servidores públicos tendientes a evitar conflicto de intereses con motivo de parentesco, relaciones societarias nacionales o extranjeras, entre otros.

Además se incrementa el catálogo de los tipos de delitos, se amplían las modalidades de peculado y contratación indebida, se incorporan los tipos administrativos de simulación de actos jurídicos, y violaciones a las disposiciones en materia de fideicomisos.

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción asienta que la integración de sus órganos colegiados son, entre otros, la Comisión Ejecutiva (conformada por ciudadanos), y el Comité Coordinador; en éste participan 11 ciudadanos y los 11 titulares de la Auditoría Superior del Estado, del Poder Judicial, de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, de la Fiscalía General del Estado, de las sindicaturas de los cinco ayuntamientos, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.