a alusión explícita que ayer hizo el presidente López Obrador a jueces y magistrados que con distintos argumentos jurídicos o administrativos dejan en libertad a presuntos delincuentes, tiene un carácter general, pero se origina sin duda en la sucesión de capturas y liberaciones de Andrés Flores Ramírez, El Lunares, que le han dado al caso un indeseable matiz farsesco. Este personaje –a quien las autoridades han señalado como presunto líder de la organización delictiva La Unión Tepito– fue aprehendido por primera vez el pasado 31 de enero en Tolcayuca, Hidalgo, en una acción concertada de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la capital del país y el gobierno de la entidad hidalguense. El cargo que pesaba entonces sobre el elusivo detenido era privación de la libertad en su modalidad de secuestro expr é s agravado.

Sin embargo, poco tardó el apresado en dejar el Cefereso número 1, El Altiplano, donde estaba recluido: apenas una semana después de su detención, una juez federal ordenó que lo dejaran libre porque la fiscalía de la CDMX no pudo probar que había sido detenido con apego a derecho, y porque el informe pericial elaborado por policías capitalinos y al menos un miembro de la Semar presentaba inconsistencias de tiempo, modo y lugar respecto de la captura. Es decir, todo malhecho y El Lunares preparado para volver a la calle.

No llegó a ella: salía de la prisión de El Altiplano cuando integrantes de la Policía de Investigación de la capital lo volvieron a detener (por el mismo cargo que la primera vez), y en esta ocasión lo alojaron en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Pero seis días más tarde, un juez de control decidió no vincularlo a proceso y poner otra vez en libertad a Flores Ramírez, argumentando que había encontrado irregularidades en la carpeta judicial abierta sobre su caso. Dichas irregularidades consistían, en esencia, en la usurpación de la identidad de uno de los denunciantes.

Esta segunda liberación no cayó precisamente bien ni en las administraciones del gobierno local y federal, ni en la opinión pública. Prácticamente todos los medios se refirieron a la secuencia de encarcelamientos/liberaciones en un tono que mezclaba la sorna con la irritación; la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, calificó de ináudito e inconcebible el hecho, y el Presidente declaró que era hora de acabar con la práctica de detener a un delincuente y que a los tres días saliera hasta riéndose, porque lo soltó un juez del Poder Judicial. Sintetizó, en esa declaración las sospechas de gran parte de la ciudadanía, que rara vez creyó en esa recurrente mala integración de los expedientes, que casi siempre terminó por devolver a la circulación a más que probados malhechores.

El último (al menos el más reciente) capítulo del accidentado caso de El Lunares tuvo lugar cuando dejaba el Reclusorio Norte: cumpliendo con una orden de aprehensión, la fiscalía capitalina mandó detenerlo por tercera ocasión (ahora acusado de homicidio) y elementos de la Policía de Investigación volvieron a capturarlo, esta vez para trasladarlo al Reclusorio Oriente, desde donde seguirá su proceso.

Esta breve historia deja algo en claro: la necesidad urgente de reordenar y transparentar todo el sistema de administración de justicia, medida indispensable para que la impunidad no sea el trágico colofón de los hechos de violencia en el país.